La patronal nunca ha disimulado su rechazo a la reforma del sistema de formación que ha capitaneado el Gobierno a expensas de los últimos escándalos relacionado con la adjudicación de cursos de formación en Andalucía o Madrid. Dos meses después de su aprobación en consejo de Ministros lo que presenta la CEOE es una enmienda a la totalidad en toda regla al texto del Gobierno aprovechando que está a punto de comenzar su tramitación parlamentaria
En su primera enmienda, los empresarios niegan la mayor y recuperan su vieja lucha de expulsar a los desempleados del sistema de formación. Tras la anterior reforma del sistema, el Gobierno ha podido utilizar los fondos obtenidos por las cuotas de formación profesional aportadas por las empresas (0,6%) y los trabajadores (0,1%) para desviar parte de ese dinero a la formación de parados. La CEOE recuerda la ultimas sentencias del Tribunal Constitucional que confirman el carácter finalista de estas cuotas que deben emplearse en la formación prioritaria de trabajadores ocupados. Los desempleados, dice la patronal, no forman parte del ámbito laboral y no cotizan al fondo de formación. Mismo argumento para querer expulsar a los autónomos del sistema de formación, no son cotizables de la cuota de formación y además tienen su propio régimen de seguridad social,
La otra exigencia de los empresarios es recuperar el protagonismo de los agentes sociales en el diseño, prospección y detección de necesidades de formación, así como la elaboración de un escenario plurianual. Un protagonismo que el Gobierno les retiró con esta reforma sustituyéndolo por el termino "participación". Para la patronal son ellos los que mas saben de la formación que se necesita y por ello reclaman la libertad de las empresas a la hora de decidir la formación que necesitan sus trabajadores, también reclaman poder contratar esa formación con las entidades que quieran sin que tengan que estar inscritas en ningún registro del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.
Por lo demás, estas enmiendas de la CEOE recogen su rechazo a que entren en la concurrencia competitiva empresas privadas, ponen en duda la eficacia del cheque formación o piden que se delimite la responsabilidad de las distintos organizaciones o entidades ante un posible caso de fraude. Concretar las sanciones y las administraciones que podrán imponerlas.
La CEOE se reunirá en los próximos días con los grupos parlamentarios. Negociará con ellos que asuman sus enmiendas para que las presenten en la tramitación del Proyecto de ley. El plazo de enmiendas acaba el día 22 y el Gobierno quiere que la ley se apruebe durante el mes de junio.
