Las fuentes cercanas a la negociación consultadas por Onda Cero así lo confirman: “Esto no da para más”. Aunque otras voces consultadas recuerdan “que el partido solo se acaba cuando el dueño del balón se lo lleva”. Y en la política como en el deporte, las cosas funcionan así. Porque está en juego la caída de un gobierno. Por eso, El PSOE parece resignado y decidido al mismo tiempo: resignado a que Junts se plante y comience a escribir el final del “colorín colorado” del que hablaba el Secretario General de Junts per Catalunya, Jordi Turull -refiriéndose al final de la legislatura-, y decidido porque los socialistas saben de buena fuente que tocar una coma de esa ley es salirse de la Constitución. Lo sabe también Junts y lo sabe Carles Puigdemont. Pero saben también que, a pesar de todo, nunca van a importar más y mejor que con un gobierno de Pedro Sánchez. Y eso, también lo sabe el presidente del gobierno. En todo caso, el PSOE de ferraz insiste en poner fecha límite a su paciencia -ya decimos- el 7 de marzo.
El PSOE, dispuesto a todo. ¿Es el momento del órdago?
En la dirección del partido hay mucho y buen jugador de mus. Y todos ellos saben que hay que elegir muy bien el momento de plantear un órdago a la grande. Aunque se vaya de farol, como en el póker, que también es una opción. Porque Ferraz se mantiene firme en “ganar la votación o que no la haya, porque lo que no se puede es dar sensación de debilidad, de que siempre vamos a estar dispuestos. Ellos -Junts per Catalunya- tienen mucho que perder”, señalan fuentes socialistas parlamentarias.
Pero voces autorizadas de la otra parte aseguran que Puigdemont -incluso a despecho de lo que piensen sus bases- no está dispuesto a dejar rendijas a los jueces que les permitan procesarle. Y las dos grietas más peligrosas que tenía la Ley de Amnistía siguen ahí: que pueda ser juzgado por delito de terrorismo y de alta traición. Y semana a semana, como si de subir una escalera se tratara, para Puigdemont, cada caso supera en riesgo al otro.
Porque un día el juez Joaquín Aguirre -que instruye el caso Bolhov- pone en guardia a la Unión Europea, preocupada por la vinculación de Puigdemont con una trama de agentes rusos interesados en desestabilizar a sus países socios y eso sería delito de alta traición, no amnistiable. Y a los pocos días, los fiscales del Tribunal Supremo -a pesar de su jefe, el Fiscal General del Estado- ven un posible caso de terrorismo en los hechos del procés, refrendado ayer por los jueces del propio Supremo. Otro delito no amnistiable.
Por eso, y a pesar de lo que diga el PSOE -que se pone de límite para negociar el 7 de marzo- ¿quién puede asegurar que Junts no logrará forzar la prórroga?
Otra prórroga, hasta el 21 de marzo, pone en peligro los Presupuestos... y las elecciones europeas.
Para Junts no hay nada imposible. Saben que mal que bien pueden forzar al PSOE -diga lo que diga su dirección- a una nueva prórroga hasta el 21 de marzo. Pero eso retrasaría más aún la negociación de los Presupuestos. Y sin ellos, peligra la legislatura. Porque los siete diputados de Junts no votarían favorablemente. Y los de Puigdemont también saben jugar sus cartas. Saben que sin un acuerdo ahora, el PSOE llegaría a las elecciones europeas -su gran prueba del algodón político- sin el asunto zanjado. Y todo suma para restar votos en esos comicios que -como todos últimamente- se ven ya como otro plebiscito sobre Pedro Sánchez.
