El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se reunieron ayer en la Moncloa como inicio de la vía del diálogo tras la concesión de los indultos a los líderes independentistas condenados por sedición. En la reunión, que duró dos horas y media, acordaron que los dos gobiernos trabajarían durante las próximas semanas para organizar la siguiente conversación de la mesa de diálogo la tercera semana de septiembre en Barcelona, justo después de la Diada, el 11 de septiembre.
Sin embargo, en la rueda de prensa anterior a esta reunión, el Govern catalán aseguraba que apoyaría a los afectados por el Tribunal de Cuentas, después de que, una vez concluida la instrucción de las investigaciones contra los 42 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos destinado a promocionar el procés catalán en el extranjero, el órgano haya fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable.
Desde la Generalitat creen que este órgano fiscalizador, que es el encargado de fijar las cantidades de dinero destinadas a actos ilegales que deben ser devueltas a las arcas públicas, solo busca venganza. Los independentistas presionan ahora al Gobierno para que actúe ante el Tribunal de Cuentas y evite "una ola represiva contra el independentismo y el Govern catalán".
La Abogacía del Estado no presentará demanda "una vez que haya una liquidación provisional"
Así, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciaba durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda. Lo ha hecho al ser preguntado por la petición que hacen los partidos independentistas al Gobierno para que la Abogacía del Estado se retire de este proceso.
"El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que, una vez hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace", explicaba el ministro.
Asimismo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se limitaba a mostrar el "respeto" del Ejecutivo por estas investigaciones, y aprovechaba para arremeter contra el Partido Popular por su negativa a renovar también este órgano, cada vez que ha sido preguntada por la petición que están realizando los independentistas de que el Gobierno retire a la Abogacía del Estado de estas causas.
El Gobierno debe "respetar" las investigaciones del Tribunal de Cuentas
A pesar de esto, Montero y Campo han evitado valorar la cuantía de la responsabilidad contable inicial que ha reclamado el Tribunal de Cuentas al expresidente de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
"El Gobierno no se pronuncia sobre resoluciones del Tribunal de Cuentas. Son resoluciones que pueden ser impugnadas en la vía judicial. Aquellas personas que entiende que no se han respetado sus derechos pueden acudir a la vía judicial", ha asegurado Montero, eludiendo responder además a la pregunta de si cree que estas causas son "piedras en el camino" del diálogo, como afirmó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Por su parte, Montero ha reiterado que "lo que tiene que hacer el Gobierno es respetar" las resoluciones y las investigaciones del Tribunal de Cuentas, y ha recordado que las resoluciones de este órgano constitucional se pueden recurrir, en consonancia con lo que ya afirmó este lunes el presidente Pedro Sánchez.
Acusan al Partido Popular de poner obstáculos en la renovación del Tribunal de Cuentas
Además, la ministra ha exigido al Partido Popular que faciliten la renovación del Tribunal de Cuentas, cuya composición actual caduca el próximo 23 de julio. A pesar de ello, ha aclarado que con su llamamiento no quiere decir que la composición actual de este órgano "vaya a alterar" la investigaciones en curso. "Es que para que se produzca un buen funcionamiento del órgano tiene que producirse su renovación", ha apostillado.
La portavoz también ha señalado a los populares por poner obstáculos y boicotear la renovación de los órganos constitucionales, con el único interés de que el PP cree tener "mejor mayoría" en estos órganos si no los renueva. "Un partido político no puede ejercer veto y boicot y respuestas variopintas porque cree que les benefician las mayorías que componen estos órganos", ha denunciado, aunque espera que el PP rectifique.
Por su parte, el ministro Campo ha señalado que la postura obstruccionista del PP no está permitiendo que la democracia, que son las instituciones, funcione de la manera correcta. En su opinión, no hay alternativa ni excusa.
