Para la defensa de Puigdemont sólo un hilo conductor explica que los mismos acusados en su momento por rebelión pasen a serlo de terrorismo: sus ideas políticas. El abogado Gonzalo Boye no menciona el término "Lawfare" pero basa su recurso contra la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo por el juez de Tsunami en esas sospechas de persecución judicial por intereses políticos.
En un escrito al que ha tenido acceso Onda Cero y en el que el letrado recurre en representación del imputado y mano derecha del ex President Josep Lluis Alay, Boye pide que se deje sin efecto el envío de la causa al Supremo porque "no deja de resultar sorprendente que unas mismas personas puedan pasar de elementos rebeldes a elementos terroristas" y pretender que "no parezca una persecución política".
Chocante y muy bizarro
La defensa de Puigdemont y Alay califica de "chocante" y "muy bizarro" el hecho de que sea la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo quien tenga que investigar unos hechos "que surgen como reacción movilizadora en la calle" en protesta por la sentencia dictada por ese mismo tribunal.
Boye recuerda que la propia Fiscalía es contraria a la tesis del juez respecto a la existencia de delito de terrorismo, y subraya que para el fiscal "ni hay el número de personas necesarias para la constitución de la organización criminal ni todos los hechos que se imputan a la actuación de Tsunami tienen estrictamente carácter delictivo al menos en lo que se puede atribuir a dicha plataforma telemática...".
En consecuencia, el escrito se adhiere a la conclusión del fiscal y pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior del juez García Castellón, que acuerde la incompetencia de este magistrado para investigar estos hechos.
El fallecimiento de un turista francés
"No es posible atribuir a ninguno de los investigados fallecimientos, lesiones o daños, puesto que, incluso admitiendo la participación de alguno de los investigados en la convocatoria y la promoción de actos cómo la ocupación del aeropuerto El Prat o el corte del puesto fronterizo de la Junquera en ningún caso cabe atribuir a los investigados, la previsión de muertes o lesiones ni de daños materiales, estos últimos llevados a cabo por personas no identificadas, ni siquiera por todas las personas presentes en los lugares de los acontecimientos…", concluye el escrito.
Respecto a la muerte de un turista francés por un infarto durante el transcurso de las protestas de El Prat, el abogado de la defensa asegura que "causa sonrojo" que después de más de 4 años del "lamentable fallecimiento del Sr. Scherzinger", sea ahora cuando el juez trate de buscar, "especulativa y prospectivamente", una relación entre el fallecimiento y la manifestación .
En este sentido, Boye califica el movimiento de García Castellón como "un triple salto mortal", y le acusa de pretender vincular una cosa y otra con un delito de terrorismo. "Y en el colmo del funambulismo procesal tratar de generar una responsabilidad penal hacia los investigados", remacha
Además, el letrado niega la competencia del Tribunal Supremo señalando como contradicción que el juez se fije en la condición de Puigdemont de europarlamentario para inhibirse en favor del Supremo y, sin embargo, "viole su inmunidad" investigándole.
Por último, el escrito defiende que esta investigación es inviable al ser hechos que, "en su mayoría si no todos", ya han sido enjuiciados o se encuentran en vías de serlo en los órganos competentes.
