Marchand señaló que "si existiera algún problema con las traducciones, será el propio juez belga el que lo dirá" y afirmó que se trata de una "traducción jurada", hecha por profesionales, y que no ha existido ninguna voluntad de cambiar el significado ni los hechos, ni de falsear una traducción.
"No entendemos la polémica. Estoy viendo que se centran en una pequeña frase, pero esas palabras se enmarcan en unas declaraciones más extensas en las que el juez (Llarena) se pronuncia sobre lo que es o no un delito político que él mismo está instruyendo y que es el corazón de este caso", explicó a Efe.
En el texto de la querella, que incluye declaraciones de Llarena a medios de comunicación, se puede leer en castellano que el instructor del "procés" descarta en una entrevista que el caso constituya un "delito político", ya que "se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal".
"Y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados", concluye el texto.
En la traducción jurada al francés, esa última frase, según la traducción, podría cambiar a un sentido más afirmativo y traducirse como "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación".
Marchand indicó al respecto que "para mi está claro que hay que leer las dos frases enteras y no solo un trozo para entenderlo. Porque es al principio del párrafo y no al final donde está la opinión del juez sobre el caso que creemos fuera de lugar en un Estado con separación de poderes".
Para este letrado es "grave" que Llarena en aquella entrevista definiera lo que es o no un delito político, máxime cuando está instruyendo, y dijo que en Bélgica no podría "imaginar" que un magistrado se pronunciara sobre algo así en televisión "dando su opinión".
Por otro lado, Marchand señaló a propósito de los eventuales planes del Gobierno español de contratar un bufete de abogados en Bélgica, que "nadie se ha puesto en contacto" con ellos de parte del juez Llarena o del Ejecutivo, "cuando la costumbre es que el equipo legal del otro lado suele llamar o enviar un correo electrónico" al otro equipo.
El próximo 4 de septiembre Llarena está llamado a declarar por la querella civil interpuesta contra él por Puigdemont y los exconsejeros por quebrantar su presunción de inocencia al emitir sus opiniones políticas sobre un caso judicial.