El Gobierno de España y la Junta de Andalucía entierran - de nuevo- el hacha de guerra, tras alcanzar un acuerdo sobre los cultivos en Doñana que parece definitivo. A través de una reunión telemática, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los consejeros andaluces de Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, los representantes de ambas administraciones han cogido limar las asperezas que levantaba uno de los artículos del decreto de simplificación administrativa autonómica, que modificaba la normativa sobre la reconversión de cultivos en terrenos forestales.
Este acuerdo reactiva el conocido como 'Pacto del Doñana', alcanzado el pasado mes de noviembre entre la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica para garantizar la protección del parque y de su entorno. La cordial relación entre el gabinete de Juanma Moreno y el Ejecutivo central a propósito de Doñana se tambaleó el pasado lunes, cuando el PSOE denunció el contenido de uno de los artículos del abultado decreto redactado por la Junta, que modifica en el texto 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes de todos los órdenes y ámbitos.
La modificación que ha parado el Pacto de Doñana
Sin embargo, la modificación que más controversia ha generado, y que han rechazado los socialistas, afecta al artículo 242, que afecta a la Ley Forestal de Andalucía: El PSOE denunció el pasado lunes que este cambio permitía declarar como cultivables los suelos de la Corona Norte de Doñana, mientras el Gobierno regional afirmó estar trasponiendo la normativa estatal al ámbito autonómico. Los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz denunciaron que el texto "amnistiaba" y liberaba de sanciones a los agricultores que, con anterioridad, habían vuelto a declara estos terrenos forestales como terrenos de cultivo.
Por otro lado, el Ministerio de Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, dejó en suspenso el Pacto de Doñana - que supone una inversión de 1.400 millones de euros en el parque- tras conocer el contenido del artículo 242. Finalmente, tal y como se ha acordado, este artículo irá acompañado de cuatro excepciones, que impiden que los cultivos vuelvan a estos terrenos forestales localizados en Doñana.
Relaciones reestablecidas
Tanto el Gobierno de la Junta como el Central aseguran que la reunión que ha posibilitado este pacto ha sido "cordial y breve", y ha abierto la puerta a la reunión que mañana mantendrán Teresa Ribera y Juanma Moreno. Con el acuerdo sobre Doñana ya cerrado, la ministra y el presidente andaluz abordarán posibles soluciones a la grave sequía que está afectando a la región.
Un polémico decreto de normalización
A pesar del consenso sobre la ley forestal, los partidos de la oposición han expresado en el Parlamento Regional un amplio rechazo a la norma de simplificación que la contiene: el socialista Josele Aguilar la ha definido como un "decreto Ómnibus al estilo Milei" que es "una vergüenza antidemocrática" y de "dudosa constitucionalidad".
Inma Nieto, de Por Andalucía, ha afirmado que esta norma que modifica 176 leyes es un "decretazo" ideado para "agilizar los negocietes, a los que sí les ponen una alfombra roja". Vox, por otro lado, ha expresado a través del diputado Ricardo López que la Junta solo busca "vender y ponerse medallas" con el impulso de esta normativa.
La Junta defiende que este decreto de simplificación reducirá un 90 por ciento el número de aplicaciones de la Junta, y que se trata de "un paso de gigante" para convertir Andalucía en la comunidad "con menos burocracia del país". El viceconsejero de la Presidencia Antonio Sanz Caballero ha acusado a la oposición de poner "todas las zancadillas" a la norma siguiendo una "obsesión por destruir el Gobierno de Moreno".
El decreto ha sido convalidado con el apoyo de PP y Vox y la oposición de toda la izquierda; el PSOE-A ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
