La acusación popular del caso Tsunami Democrátic (TD) ha pedido al Tribunal Supremo que investigue si TD pudo financiarse a través de un movimiento financiero relacionado directamente con Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat. En concreto, solicita que se indague con “la máxima urgencia dado su potencial delictivo” en el supuesto pago en criptomonedas que Carles Puigdemont recibió en su cuenta personal de Ethereum a través del protocolo conocido como Tornado Cash en diciembre de 2021, según señala la representación de Sociedad Civil Catalana (SCC).
Esta entidad que ejerce la acusación popular de la causa por los graves disturbios transcurridos transcurrido durante las protestas tras la sentencia del procès en 2019 se ha dirigido a la magistrada instructora Susana Polo para que ordene todas las diligencias que permitan determinar si hay un desvío de dinero público y, en su caso, acusar a Puigdemont no sólo por terrorismo sino también por malversación de caudales puúblicos con enriquecimiento personal, delito que no es amnistiable según la proposición de Ley que se tramita en las Cortes, y también por otro de blanqueo de capitales
Según explica Sociedad Civil Catalana en una nota, esta acusación popular ha tenido conocimiento “de unos hechos de especial trascendencia, dado que la malversación con enriquecimiento personal ha quedado fuera de los delitos que pretende borrar la ley de amnistía”. SCC relata cómo Puigdemont recibió una supuesta transferencia en criptomonedas a través de Tornado Cash, una herramienta muy común para blanquear capitales ya que permite que no se sepa el origen del dinero. “
“La recepción de una transferencia en la criptomoneda ether en la cuenta personal de Puigdemont a través de una herramienta tan cuestionada como Tornado Cash podría evidenciar -en caso de demostrarse el desvío de dinero público para financiar Tsunami Democràtic- un acto de apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro personal”, señala la acusación.
SCC hace hincapié en que esta plataforma fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por permitir el lavado de dinero.
Sociedad Civil Catalana, representada por el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, considera que el uso de esta plataforma podría implicar “una intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos, sugiriendo que estos podrían proceder de actividades delictivas previas, lo cual constituiría un acto de blanqueo de capitales”.
También subraya que para seguir el rastro de los criptoactivos y prevenir el blanqueo de dinero, el Parlamento Europeo ha aprobado el primer texto legislativo de la UE para asegurar la trazabilidad de las transferencias.
“Desde hace más de un año SCC trabaja en un proyecto de investigación para rastrear la injerencia rusa en el proceso separatista catalán”, añade la nota.
Además de ejercer la acusación popular en las dos derivadas del caso Tsunami -la que investiga en el Supremo a los aforados Puigdemont y Wasenberg y la que instruye en la Audienica Nacional el juez Manuel García Castellón-, SCC está personada desde noviembre de 2020 en el caso Voloh, cuya investigación abarca los contactos del independentismo con el Kremlin.
De esta causa “se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos”, asegura esta entidad.
