La acusación popular pide seis años de prisión para Artur Mas al atribuirle malversación

En su escrito de acusación presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al que ha tenido acceso Efe, los sindicatos policiales, que ostentan la dirección letrada de la acusación popular desde que Manos Limpias fue apartada de la misma, acusan a Mas de haber malversado 4,7 millones de fondos públicos en la organización de la consulta.

La acusación popular se desmarca así de la Fiscalía, que pide solo penas de inhabilitación para Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, al imputarles los delitos de desobediencia y prevaricación a los que el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ciñó el caso del 9N.

La acción popular pretende ampliar así los delitos imputables a los tres encausados, de forma que el juez del TSJC añada el de malversación cuando, tras recibir los escritos de acusación y defensa, dicte el auto de apertura de juicio oral que debe delimitar definitivamente los hechos a enjuiciar.

Como alternativa a la pena propuesta, en el caso de que el TSJC condene a Mas, Ortega y Rigau por los tres delitos en concurso, la acusación popular pide imponerles seis años de cárcel e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por diez años.

El escrito de la acción popular, que también agrupa a las acusaciones ejercidas por la Asociación Nacional del Arca Ibérica, la Asociación ProJusticia XXI y el ciudadano Alberto Delgado, solicita además la reserva de acciones para que la Generalitat pueda reclamar en su día el dinero supuestamente malversado.

También pide que se envíe el caso al Tribunal de Cuentas, por si aprecia algún ilícito contable en las partidas económicas para el 9N, y a la Agencia de Protección de Datos, para que investigue si se vulneró la ley por el uso de información del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para facilitar la votación.

La acusación popular justifica que acuse a Mas de un delito de malversación en que el 9N no solo fue organizado por voluntarios, sino que "jugaron un papel fundamental contratistas privados, que prestaron servicios abonados con recursos financieros públicos".

El escrito recrimina a los encausados que no dieran "la orden de suspensión o resolución de las contrataciones realizadas" y que, por el contrario, impulsaran su realización "conminando incluso a un contratista a cumplir con los encargos conferidos so pena de reclamar su incumplimiento a través de los servicios jurídicos".

La acusación popular da por hecho que el TC notificó "directamente" a los encausados que suspendía la consulta, lo que les obligaba a "dejar sin efecto la convocatoria del 9N y proceder a ordenar la suspensión de todos los procedimientos seguidos en los diferentes departamentos".

Respecto a Joana Ortega, el escrito señala que, pese a haber recibido una carta de la Subdelegación del Gobierno que le instaba a paralizar los trámites para la votación, "llevó a cabo toda una serie de actuaciones orientadas a preparar y celebrar la consulta del 9N, en coordinación con el presidente de la Generalitat".

Para las acusaciones populares, la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau "actuó de forma coordinada" con los otros dos encausados, "instigando a través de los jefes de los servicios territoriales a que los directores de instituto cedieran los mismos para su utilización como puntos de votación en la jornada del 9N".