El diputado del Partido Popular Alberto Casero ha pedido la suspensión de militancia en el partido después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por delitos de prevaricación y malversación en relación a presuntas irregularidades en cinco contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en los años 2017 y 2018. El fiscal tiene diez días para solicitar la apertura de juicio oral.
Aunque Casero no lo hubiese solicitado, la suspensión provisional de afiliación se habría acordado de forma automática por parte del Comité de Derechos y Garantías porque así lo fijan los estatutos del PP cuando un "afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción". El reglamento fija la expulsión del partido "en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".
Aunque en un primer momento se deslizó que iba a mantener su escaño en el Congreso de los Diputados, finalmente ha renunciado a su acta de diputado "para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido".
El diputado saltó a la fama en febrero de 2022 cuando votó por error la aprobación de la reforma laboral. Casero negó entonces el error y alegó un "fallo del sistema" por lo que recurrió la votación ante el Constitucional, que aún debe fallar al respecto.
La causa vuelve a Trujillo
La renuncia al acta de diputado de Casero, que ha comunicado esta tarde a la dirección del grupo parlamentario popular, tiene una consecuencia jurídica inmediata. Al haberse producido con anterioridad a la comunicación de la apertura de juicio oral la doctrina del Supremo indica que la causa es devuelta a su juzgado de origen. En este caso a los juzgados de Trujillo, localidad de donde era alcalde Casero y donde tuvieron lugar los hechos por los que ha sido procesado.
