El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, al que se le retiró su escaño en cumplimiento de la condena que le impuso el Tribunal Supremo, tiene derecho a cobrar del Congreso una indemnización por cese por un importe superior a los 18.000 euros.
El Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones Económicas de las Cortes Generales establece que los diputados que han estado un mínimo de dos años en el Congreso tienen derecho a recibir un mes de sueldo por cada año parlamentario o fracción superior a seis meses hasta un máximo de 24 mensualidades.
Esta indemnización no es compatible con otra retribución
Se trata de una suerte de 'paro' que los ex diputados han de solicitar y acreditar, además, que no tienen ningún otro ingreso porque esa cantidad no es compatible con otra retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado.
Ha sido diputado durante cuatro legislaturas
En concreto, Rodríguez, al que el Congreso retiró su escaño el pasado 22 de octubre, ha sido diputado durante las legislaturas XI (enero a mayo de 2016), XII (julio de 2016 a marzo de 2019), XIII (mayo de 2019 a septiembre de 2019) y la vigente XIV, que se inició en diciembre de 2019.
Por tanto, el exparlamentario tinerfeño tiene en su haber tres años parlamentarios completos (2017, 2018 y 2020), a los que hay que añadir un año y medio más: ocho meses por las dos legislaturas cortas (cuatro la XI y otros cuatro XII) y otros diez más por los meses que ha transcurrido de este 2021.
En total, Rodríguez acumula cinco años y seis meses, por lo que tiene derecho a cobrar un total de 18.303.72 euros, esto es, medio año de la asignación constitucional mensual que reciben sus señorías (3.050,62 euros). Para el cálculo de esta indemnización sólo se computa ese 'sueldo base' y no los complementos que haya podido recibir hasta la fecha por ocupar otros puestos parlamentarios.
Condenado por el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo condenó al ya exdiputado a 45 días de prisión por un delito de atentado a la autoridad, sustituida por una sanción de 540 euros, y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
Una condena que suscitó un conflicto entre el Supremo y el Congreso después de que la Mesa de la Cámara, con mayoría del PSOE y Unidas Podemos, decidiera mantener en un primer momento el escaño a Rodríguez, apoyándose en un informe de los letrados, y después, previa aclaración del tribunal sentenciador, la presidenta decidiera ejecutar la pena.
