Más de una decena de procesados por acciones violentas para conseguir la independencia de Cataluña y varios investigados por coordinar las protestas en la calle contra la sentencia del “procés” en 2019 se verán beneficiados directamente por el pacto entre PSOE y ERC en virtud del cual la amnistía a los independentistas abarcaría también las causas de los CDR y Tsumami Democràtic.
Ambos procedimientos permanecen activos en la Audiencia Nacional, el órgano judicial competente al tratarse de delitos considerados como terrorismo.
En la causa conocida como Tsunami Democràtic, el magistrado Manuel García Castellón investiga los disturbios organizados por ese colectivo en supuesta coordinación con cargos de ERC para responder en la calle a la sentencia del “procés” en el año 2019.
El juez investiga como delitos terroristas tanto el bloqueo del aeropuerto de El Prat, como otros actos de protesta, entre ellos, el corte de La Junquera o la colocación reiterada de barricadas frente a la jefatura de la Policía en Vía Layetana.
Terrorismo
Fuentes jurídicas destacan a Onda Cero que el juez instructor encuentra razones sólidas para mantener la acusación por terrorismo, teniendo en cuenta que, con el objetivo de cambiar la forma política del Estado, organizaron y coordinaron unas manifestaciones que mantuvieron bloqueado un aeropuerto durante todo un día, lo que provocó la cancelación de un centenar de vuelos y numerosos altercados, y que cortaron durante 32 horas la autopista AP-7 interrumpiendo el tráfico en la frontera con Francia desde La Jonquera.
Aunque en un principio la Fiscalía informó a favor de mantener la acusación por terrorismo, posteriormente rectificó en un escrito, en el que explicaba que estaría en condiciones de informar sobre el asunto cuando se disponga del informe ejecutivo de la Guardia Civil, que se espera para las próximas semanas, señalan a Onda Cero fuentes de la investigación.
Asimismo, el juez García Castellón está pendiente de ese informe policial definitivo para darle traslado a la Fiscalía y decidir contra quién mantiene la investigación en la que de momento hay dos investigados personados a los que no se les ha imputado formalmente. Uno de ellos es aforado en virtud de su cargo en el Parlamento de Cataluña.
Como en el caso de numerosos jueces y tribunales que instruyen o juzgan causas relacionadas con el “procés”, si los hechos del caso Tsunami resultan amnistiados y a la justicia le surgen dudas de constitucionalidad, se abrirá la posibilidad de que el juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad al TC, lo que dejaría en suspenso las actuaciones en cuestión hasta que el Alto Tribunal resuelva.
Los CDR
De la misma manera, una virtual Ley de Amnistía impediría la celebración del juicio a 12 procesados por pertenencia a organización terrorista en la causa de los CDR (Comités de Defensa de la República), a quienes el juez instructor, Manuel García Castellón, envió al banquillo por los planes para ocupar el Parlament y por los cortes de carreteras y levantamientos de barreras de peaje desplegados para reclamar la autodeterminación.
“Los investigados compartían principios ideológicos y el mismo objetivo, conseguir la independencia de Cataluña empleando para ello la violencia en su máxima expresión”, señalaba el magistrado en el auto que les colocó en la antesala del banquillo.
Según el mismo auto, los principales procesados formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR. Se trata de un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraban totalmente entregados a la causa para encargarles las acciones más sensibles.
La causa, cuya investigación concluyó este año, se encuentra en la fase previa al juicio. Los 12 procesados en el sumario de la “Operación Judas” están acusados de pertenencia a organización terrorista, mientras que 9 de ellos también lo están por los delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.
Los explosivos
En el auto de procesamiento, el juez dedicaba especial atención a los explosivos, elemento determinante del delito de terrorismo y explicaba cómo estos miembros de ERT trascendieron los CDR. “Configuraron una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares.
Entre los planes de los procesados, el auto cita el encargo del “CNI catalán” para que corrieran con la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña. Alguien desde el interior les ayudaría a entrar por la puerta principal, se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que debían configurar, y permanecerían en el interior de la Cámara al menos durante una semana.
Con un presupuesto total de unos 6.000 euros, también pensaban cooperar con el CNI catalán en el alquiler de casas y locales que les pudieran servir como bases de “intendencia” y en el montaje de antenas de larga distancia para las comunicaciones.
