El Gobierno decide aplazar al menos cinco años el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat por la falta de apoyo del Govern, que califica la noticia como un "chantaje" y una "maniobra de presión", aunque ha dejado la puerta abierta a un nuevo acuerdo para retener la inversión.
Sin embargo, este proyecto quedará suspendido por lo menos cinco años, según ha declarado este jueves la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y ha destacado que en esta legislatura "no hay margen" para retomar la inversión.
Sánchez ha recalcado que, a pocas semanas de que el acuerdo para la ampliación llegara al Consejo de Ministros, "no se dan las condiciones" para tirar adelante un proyecto "que requiere el consenso nítido y firme de la Generalitat". "No se podrá volver a incluir hasta el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), a partir de 2026", ha reconocido la exalcaldesa de Gavà.
El presidente de Aena lamenta la falta de una posición "madura" del Govern
Sobre dicha ampliación, se ha pronunciado también el presidente de Aena, Maurici Lucena: "De aquí a cinco años, si las circunstancias en Cataluña han cambiado y hay un sustrato político que ve más adecuada esta inversión, volveremos a hablar de ello". Lucena ha lamentado que el Govern no tenga una posición "madura ni homogénea" sobre este tema y ha defendido la transparencia con que han actuado el Gobierno y Aena.
Patronales, sindicatos y demás agentes económicos han criticado la suspensión del proyecto y han recomendado a los dos gobiernos a retomar el diálogo para hacer posible la inversión de 1.700 millones en El Prat y convertirlo en un 'hub' de vuelos intercontinentales.
Yolanda Díaz califica este proyecto como "invasivo y depredador"
Sin embargo, entidades agrarias y ecologistas han celebrado la supresión del proyecto, como también algunos alcaldes, entre ellos los de Barcelona y El Prat, así como la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien durante una visita a la laguna de La Ricarda, que se hubiera visto afectada por las obras, ha reconocido que el plan previsto era "invasivo y depredador" y reproducía "viejos modelos económicos". "Invitaría a los cargos públicos a que vengan porque seguro que si tocan el espacio es probable que cambien de opinión respecto a la actuación que se pretende hacer", ha señalado la dirigente de UP.
