Los 21 exconsejeros de Caja Madrid y Bankia imputados por el escándalo de las tarjetas opacas, tendrán que depositar 4,3 millones de euros si no quieren ver embargados sus bienes por el importe.
El juez, Fernando Andreu, impone estas fianzas en un auto en el que considera que las tarjetas eran y debían ser tarjetas de empresa, y que los consejeros, aunque se les dijera otra cosa al entregársela, "debían haber sabido, pudieron saber y tenían la obligación de saber que se tenían que usar sólo para gastos generados por las labores propias del cargo, y que su uso para gastos personales, podían menoscabar los fondos de la entidad".
Además, establece en su auto que los exdirectivos, "pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitarla".
El magistrado da por hecho que, con el expresidente Terceiro, se emitieron tarjetas exclusivamente de representación y que había controles cualitativos y cuantitativos de las Visa que desaparecieron cuando llegó Miguel Blesa.
