En el auto, difundido este miércoles, el magistrado considera que los hechos investigados podrían constituir un delito de administración desleal para los que fueran miembros del consejo de administración, mientras que el resto de imputados se enfrentan a una acusación de apropiación indebida.
Según Andreu, "existen indicios fundados de criminalidad contra los integrantes del consejo, de la comisión de control y ejecutivos de Caja Madrid y Bankia", que recibieron de estas entidades unas tarjetas de crédito emitidas para gastos personales sin contrato.
Una vez concluida la fase de instrucción, la Fiscalía y las acusaciones deberán formular el escrito de acusación solicitando el juicio oral o sobreseimiento de la causa.
