Lanzamiento de materiales peligrosos como un adoquín de medio metro, grupúsculos muy bien organizados que atacaban cuando los antidisturbios se quedaban sin munición y una violencia de una magnitud con la que jamás se habían encontrado las unidades especializadas de la policía que intervinieron en las inmediaciones del aeropuerto del Prat y en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana, donde los manifestantes rodearon y bloquearon la sede de la Jefatura de la Policía Nacional en octubre de 2019.
El relato de los dos policías ante el juez Joaquín Gadea, que sustituye este martes al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, confirma la singular violencia de aquellas protestas contra la sentencia del procès. Según fuentes presentes en el interrogatorio, ambos se han emocionado al recordar los altercados y sus secuelas y han explicado detalladamente las circunstancias de las lesiones físicas y síquicas que les han impedido "seguir el ejercicio profesional".
Se trata de un policía que recibió un golpe en la cabeza que le dejó inconsciente y sin recordar nada hasta que despertó en el hospital y de otro agente que recibió el impacto de un adoquín de unos 50 centímetros lanzado desde un edificio y que sufrió fractura abierta en el antebrazo y traumatismo en el omóplato.
"Impactó en mi brazo por lo que llevo dos intervenciones quirúrgicas, además del estrés postraumático", ha señalado el propio agente en conversación con los periodistas a la salida de la Audiencia Nacional.
El policía, que prefiere identificarse bajo el nombre de pila de Ángel, también ha confirmado que le ha explicado al juez cómo temieron por su vida, “de hecho mi integridad física resultó dañada gravemente y psicológicamente también tengo secuelas”, añade.
Víctimas del terrorismo
"Nos consideramos víctimas de terrorismo, queremos que tenga las repercusiones que tiene que tener", ha señalado el policía después de negarse a entrar en el debate sobre la Ley de la Amnistía.
"Yo todos los días según me levanto y me meto en la ducha veo una cicatriz de 18 cm en mi antebrazo", explica en tono pausado y casi al borde del llanto. Añade que no es sencillo pasar página y olvidar así como así.
Tras declarar en el caso Tsunami, en el que se investiga por terrorismo a la líder de ERC Marta Rovira y a otros ocho imputados, el agente ha expresado su "confianza plena en la justicia". Agrega que lo único que quiere es que se haga justicia y que no vuelvan a ocurrir hechos como aquellos de Barcelona que considera “una auténtica salvajada”.
En concreto, el agente Ángel ha afirmado ante los medios que como miembro de la octava unidad de intervención policial, está acostumbrado a trabajar conteniendo manifestaciones muy duras como las del sector del Metal en Ferrol, los mineros de Asturias y otras actuaciones en el País Vasco. "Nunca habíamos vivido nada de tal magnitud como lo de aquellos días en Barcelona", explica.
Según José María Fuster-Fabra, socio del bufete de abogados que defiende a los dos policías personados como perjudicados en el caso Tsunami, los agentes han tenido la oportunidad de explicar el elevado nivel de organización de los grupúsculos que actuaron durante aquellos disturbios.
Una alta organización les hizo temer por su vida
Los agentes antidisturbios saben perfectamente si lo que tienen enfrente son masas pacíficas o cuándo es una acción violenta improvisada o bien organizada”, ha comentado Fuster-Fabra.
En aquella ocasión, se trataba de "una organización extrema para generar el máximo daño posible".
El abogado ha descrito incluso cómo uno de los agentes le ha dicho al juez que estaba convencido de que se perseguían no sólo lesiones sino también el fallecimiento de algún policía.
En este sentido, ambos han manifestado la complejidad de aguantar ese tipo de acciones al descubrir "que no era sólo daño físico a lo que se enfrentaban sino también a la muerte".
Respecto al alto nivel de organización de los manifestantes, los dos policías han pormenorizado varias acciones de una alta profesionalización por parte de los manifestantes.
Según su relato, cuando se lanzaba una bomba de humo aparecía alguien para apagar una bomba de humo, también llegaba gente desde las calles adyacentes para hacerle el relevo a los que estaban ocupando la primera fila, y "sabían perfectamente dónde estaban ubicadas las diferentes unidades", de hecho en el momento en que una unidad quedaba desabastecida al agotársele el material antidisturbios, ellos aprovechaban para atacar de tal manera que esa unidad tenía que ser reemplazada por otra, el nivel de organización era absoluto”.
Los nueve investigados en la causa de Tsunami Democràtic que se instruye en la Audiencia Nacional, entre ellos la dirigente de ERC Marta Rovira, están citados el próximo miércoles 22 de mayo para declarar por videoconferencia desde Barcelona.
En el auto de citación, el juez Manuel García Castellón ordenaba, además, la práctica de una serie de diligencias por las actuaciones desarrolladas por Tsunami el día 9 de noviembre de 2019, jornada previa a las elecciones generales, y que, a su juicio, podrían constituir una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por parte de los responsables políticos de la Generalitat en aquel momento por no haber impedido su celebración.
