Anticorrupción ha solicitado documentación a la Consejería de Sanidad tras una denuncia de Podemos por presuntas irregularidades en el pago de cánones a las concesionarias.
Fueron construidos entre los años 2007 y 2008 bajo el modelo PFI (Private Finance Initiative), por el que la Comunidad de Madrid deberá pagar cánones a las constructoras adjudicatarias durante 30 años.
La Consejería de Sanidad ha confirmado a Efe que la Fiscalía les ha solicitado documentación y que la colaboración con la justicia va a ser "absoluta", como es habitual.
Sanidad destaca, además, que estos hospitales funcionan con total normalidad, prestando "un gran servicio" a los ciudadanos de su área y que la Consejería hace "un seguimiento constante y exhaustivo del cumplimiento de los pliegos de los contratos" con las sociedades concesionarias.
Los contratos, que datan del Gobierno de Esperanza Aguirre, encargan a empresas privadas la prestación de todo tipo de servicios no sanitarios en estos hospitales, ya que la atención sanitaria corresponde a la dirección del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
