La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, ha emitido el miércoles 1 de noviembre por la noche, un duro comunicado en el que advierten de que se quiere dar un paso hacia el principio del fin de la democracia volando por los aires el Estado de Derecho.
"Llevamos tiempo alertando sobre el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho. Asistimos a una constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial que obvian por completo el respeto a la separación de poderes", reza el comunicado publicado en sus redes sociales.
Además, insisten en que "escuchamos demasiadas voces de nuestros representantes políticos que cuestionan el sometimiento de todos, poderes públicos y ciudadanos, a la Constitución y a la ley".
Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia
Y denuncian que "se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia". Por ello, advierten que el Ejecutivo, con su futura ley de amnistía, quiere "romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho".
Asimismo, la APM recuerda que los condenados por el 1-O cometieron "hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles".
Aunque evitan pronunciarse acerca de que la futura ley de amnistía se esté "pactando por el partido del Gobierno en funciones con los máximos responsables de esos delitos". Porque según comentan no les corresponde "valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos".
Sin embargo, aseguran que esta ley de amnistía "es inaceptable e inasumible en una democracia plena". Y apuntan que "cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978" que, además, "pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo".
La AMP sostiene que esta ley "deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando un mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos".
Por otro lado, indican que quiebra el principio de separación de poderes y "vulnera el principio de igualdad". La APM también alerta de que el mismo trato lo podrían exigir "quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad".
La ley de amnistía tiene un claro objetivo, anular al Poder Judicial
Por ello, la Asociación Profesional de la Magistratura concluye el comunicado expresando su "más firme rechazo" a esta futura ley de amnistía. Según sentencian porque "tiene un claro objetivo, más allá de la oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura, anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos del poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política".
Asimismo, ocho de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también se han mostrado en contra de la futura ley de amnistía y han solicitado un pleno extraordinario para rechazarla, con una declaración institucional.
