Entre las fianzas de los ERE, la juez que abrió el caso, Mercedes Alaya, impuso 807 millones al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, 686 millones al exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, 490 millones de euros al exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá o 29 millones de euros a la exministra y exconsejera, Magdalena Álvarez.
Para el exconsejero, José Antonio Viera, el juez de refuerzo, Álvaro Martín, pidió una fianza de 6.229.108 euros; para la exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, la petición fue de 4.214.702 euros, y para el exconsejero, Francisco Vallejo, solicitó 3.763.332 euros.
En distintos autos notificados este jueves, a los que ha tenido acceso Efe, la juez toma la decisión de anular las fianzas después de que la Junta de Andalucía, la perjudicada en este caso y que no acusa a nadie, decidiera no reclamar ninguna cantidad hasta después del juicio penal.
En un escrito entregado al juzgado, la Junta manifestó "que se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar", recuerda la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla.
Ante este anuncio de la Junta, "no cabe el ejercicio de la acción civil por el Ministerio Público ni, por supuesto, por otra acusación distinta al perjudicado", sostiene la juez, que archiva las piezas de responsabilidad civil pero solo en la causa política de los ERE, en la que hay 26 ex altos cargos acusados.
Tras el auto procesamiento dictado por el juez Álvaro Martín, se crearon piezas de responsabilidad para cuatro acusados, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, para el que pidió una fianza de 4.214.702 euros, y otras piezas para los exconsejeros Viera, Aguayo y Vallejo.
En el caso de los ERE, la juez que lo abrió en 2011, Mercedes Alaya, llegó a imponer fianzas civiles de más de 3.000 millones de euros, una cantidad solo superada por los 5.200 del caso Malaya en Marbella.
En el auto de apertura del juicio oral, el magistrado explicó que Griñán, presidente entre los años 2009 y 2013, será juzgado por los presuntos delitos de malversación y de prevaricación.
Su antecesor, Manuel Chaves, que fue presidente 19 años, entre el 1990 y el 2009, será enjuiciado solo por prevaricación, y contra él no se abrió nunca una pieza de responsabilidad civil.
La pieza política es la relativa al procedimiento específico que aplicó la Junta entre los años 2000 y 2011, que permitió repartir de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros para ayudas a empresas, según el juez.
Entre los acusados, además de los expresidentes, el juez incluye a seis exconsejeros del Gobierno andaluz: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo.
También hay procesados dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.