La Plataforma Dignidad y Justicia realizó esta petición una vez que la Audiencia Nacional en España decidió en julio que sólo investigarían los crímenes posteriores a 2004, que es cuando el delito de lesa humanidad se contempló en nuestro Código Penal.
Sin embargo, todavía hay más de un centenar de asesinatos de ETA sin resolver que en nuestro país habrían prescrito, pero que Argentina quiere investigar. De momento, el asesinato del concejal del PP, José Luis Caso, en 1997 y el de quien le sustituyó, Manuel Zamarreño, al año siguiente.
La justicia argentina va a investigar a quienes dieron la orden de cometer los crímenes, los dirigentes de la banda terrorista, pero también a quienes indujeron a que se cometieran, a los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, que en 1994 aprobó la 'Ponencia Oldartzen', sobre la estrategia de socialización del sufrimiento que llevó a extender los atentados a políticos, periodistas o intelectuales.
El juez argentino que se encarga de la causa será el que ya llevó la del atentado contra la mutual judía-argentina, el mismo caso que investigaba el fiscal Nisman cuando apareció muerto en su casa.
