El Ejecutivo ha decidido dar un trámite ordinario a esta nueva ley, eliminando el carácter de orgánica, tal y como se aprobó en el anteproyecto el pasado 16 de enero, al considerar que no afecta a los derechos fundamentales y libertades públicas.
La vicepresidenta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que la nueva ley pretende dotar al Estado de instrumentos para afrontar los riesgos y amenazas, y potenciar las capacidades de respuesta.
Tras señalar que persigue la colaboración de todas las instituciones del Estado, ha precisado que la ley, como novedad, regula la declaración de situación de "interés para la seguridad nacional", responsabilidad que recaerá en el presidente del Gobierno.
Sáenz de Santamaría ha informado de que no se tramitará como ley orgánica, como se planteó en un principio, ya que no afecta ni tiene consecuencias para los derechos fundamentales y las libertades públicas.
