El letrado Miguel Bajo ha indicado que, como mucho, Arturo Fernández habría cometido administración desleal, lo que acarrearía una multa y nada más.
Es "absurdo" acusarle de apropiación indebida, ya que para que se de el caso el bien debe poseerse previamente, e incorporarse a su patrimonio de modo ilegítimo; tiene que existir un título que acredite la propiedad legítima del bien, algo que no ocurre con una tarjeta ni con su saldo.
En ningún momento, ni durante el periodo en el que fue consejero de Caja Madrid, apenas dos años, ni después, recibió Arturo Fernández comunicación alguna sobre obligaciones tributarias, ha explicado el letrado, que ha recalcado que "no hay pruebas de que no haya declarado a Hacienda las cantidades que gastó".
Asimismo, ha recordado que en cuanto supo que Bankia quería proceder a una corrección del asunto de las tarjetas depositó la cantidad desembolsada, algo más de 37.000 euros, primero en la Fundación y después en la cuenta que el FROB tenia en Bankia.