Tras la sentencia absolutoria de Dani Alves ha surgido un debate en torno a la presunción de inocencia. El exfutbolista, en un primer momento fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de agresión sexual. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió el viernes el fallo de la misma que resolvía el recurso de apelación presentado por las partes y por el cual Dani Alves era absuelto de sus cargos.
Un fallo que no ha calado bien incluso en la política y que ha provocado que las asociaciones de jueces y fiscales emitieran un comunicado pidiendo "responsabilidad institucional" tras las palabras de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que calificó la sentencia como "vergüenza". Palabras que matizó posteriormente alegando que lo que quiso decir es "que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres".
El TSJC formado por tres mujeres y un hombre alegó que el cambio en la sentencia se debe a que la resolución emitida por la Audiencia Provincial presenta "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones". De hecho, recordaban que la propia sentencia de la Audiencia ya aludía a "falta de fiabilidad" respecto a lo que grabaron las cámaras de seguridad.
¿Por qué el Tribunal de Cataluña ha cambiado la primera sentencia?
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la que regula los procesos penales, contempla en su artículo 846 bis c) que mediante recurso de apelación pueda impugnarse cualquier sentencia emitida por la Audiencia Provincial.
El recurso de apelación puede presentarse alegando alguno de los siguientes motivos:
- El quebrantamiento de normas y garantías procesales
- Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal
- Que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por inexistencia de prueba de cargo
- Que se hubiese acordado la disolución del Jurado y no procediese hacerlo
- Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta
Por lo tanto, la defensa de Alves apoyada en estos criterios consideró oportuno presentar este recurso de apelación que ha servido para que la Sala modifique la primera sentencia, por la cual Alves permaneció 14 meses en prisión preventiva.
¿En qué consiste la presunción de inocencia?
El derecho a la presunción de inocencia implica que toda persona acusada de un delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario.La Constitución Española la recoge en el artículo 24.2 y especifica que es un derecho que tienen "todas las personas". Este artículo está dentro de los derechos fundamentales, en concreto en el Título I (De los derechos y deberes fundamentales), Capítulo II (Derechos y libertades) Sección 1ª (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas).
Igualmente, en el artículo 25 la Carta Magna establece que "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa".
El investigado es amparado durante todo el proceso por esta presunción, por lo que solo las pruebas aportadas en el juicio oral pueden desactivar sus efectos. Además, la presunción de inocencia va de la mano del principio in dubio pro reo, que significa que cuando el juez dictamine que la persona es culpable, es necesario dictar un fallo absolutorio cuando se le presenten dudas razonables que no pueda despejar.
La aplicación de la presunción de inocencia en el ámbito penal es doble. Por un lado es una regla de tratamiento ya que establece que hay que tratar al investigado como inocente hasta que haya una sentencia que diga lo contrario; por otro, es una regla de juicio porque el juez parte de la presunción de inocencia pero solo puede valorar las pruebas que puedan debilitar a la misma.
¿Cómo se logra la culpabilidad de una persona amparada por la presunción de inocencia?
Para desvirtualizar la presunción de inocencia, el Tribunal Constitucional en su Doctrina sobre el derecho a la presunción de inocencia en el proceso penal exige:
- Que se trate de una prueba de cargo, es decir, una prueba de la que resulte la doble afirmación de la perpetración de un hecho delictivo y la participación en el mismo del acusado
- Que se trate de medios de prueba válidamente introducidos en el juicio.
La presunción de inocencia está regulada indirectamente en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como en diferentes reglamentos internacionales sobre Derechos Humanos como el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948), el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950).
