El verano llega con cambios en lo que se refiere a la fiscalidad. Tras superar todos los trámites parlamentarios necesarios, el Gobierno ha dado luz verde a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que limitará los pagos en efectivo para operaciones económicas en las que intervienen empresarios o profesionales.
El objetivo de esta ley es, según el Ministerio de Hacienda, “perseguir la economía sumergida y la elusión que realizan las grandes multinacionales a través de la planificación fiscal abusiva, así como fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias”.
La nueva ley se enmarca en la premisa del Gobierno de “adaptar un sistema tributario español al siglo XXI” y se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Cómo afecta a los ciudadanos?
Desde la entrada en vigor de la ley no se podrá pagar en efectivo cualquier operación que sobrepase los 1.000 euros, ya sea mediante cheque bancario, al portador o papel moneda. Asimismo, se sitúa en 10.000 euros el máximo de pago en efectivo cuando se trata de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
También, el Ministerio de Hacienda rebaja a 600.000 euros el umbral de deuda para aparecer en el listado de deudores.
De paraíso fiscal a jurisdicción no cooperativa
La Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal modifica el concepto de paraísos fiscales, pues a partir de ahora se denominarán ‘jurisdicciones no cooperativas’, término utilizado internacionalmente. Además, la lista de estos territorios quedará actualizada de forma periódica.
También, quedará prohibida la “producción, tenencia o comercialización” del software de doble uso que permite “manipular la contabilidad y que puede ser usados por empresas infractoras para ocultar parte de su actividad”.
Por último, se reforzará el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas. Es decir, los ciudadanos deberán informar de la posesión de estas monedas a Hacienda.
