La Audiencia Nacional ha enviado a juicio por delitos de terrorismo a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos que planeó supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019.
La sección tercera de lo Penal ha acordado la conclusión del sumario y la apertura de juicio oral contra una docena de procesados en esta causa por delitos como pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.
Una causa que podría enmarcarse en la ley de amnistía
Esta es una de las causas abiertas en la Audiencia Nacional que podría ser susceptible de encuadrarse en una futura ley de amnistía que estos días se encuentra en pleno debate entre el PSOE y sus socios parlamentarios.
La mayoría de los procesados en esta causa fueron detenidos en septiembre de 2019 en la conocida como Operación Judas por planear, presuntamente, acciones violentas de cara al aniversario del 1 de octubre, fecha en la que se celebró -dos años antes- el referéndum independentista catalán, declarado ilegal; y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas del "procés".
El pasado mes de junio la Fiscalía solicitó a la Sala abrir juicio contra los doce investigados, mientras que algunas defensas pidieron revocar el fin del sumario y seguir practicando diligencias de investigación o archivar la causa ante ausencia de indicios del delito de pertenencia a organización terrorista.
Una de esas diligencias consistía en volver a interrogar como testigos a seis agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación, si bien el tribunal la ha considerado "absolutamente" innecesaria.
El tribunal explica que otras de las diligencias solicitadas pueden acordarse en el momento del juicio y rechaza en este momento archivar el proceso penal al no concurrir los presupuestos previstos en la ley.
Una organización terrorista
Según la tesis del juez que investigó los hechos, Manuel García Castellón, los investigados habrían conformado "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados" utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en laboratorios clandestinos.
El juez acordó procesar a 13 investigados, entre los que figura quien fuese teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona), Queralt Casoliva (CUP-Amunt), si bien acabó archivando el procedimiento contra uno de ellos por problemas de salud.
De acuerdo a su tesis, los investigados, agrupados en el autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula radical de los CDR, habrían participado en cortes de carretera, en la creación de los centros de coordinación (CECOR) y asumieron el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" para que aportasen infraestructura logística para acometer una acción en la que se pretendía ocupar y defender el Parlament de Cataluña.
En un comunicado, la organización de la izquierda independentista Alerta Solidaria y el Grupo de Apoyo a los encausados han denunciado la "prisa" de los juzgados para enviar el caso a juicio antes de que se haga efectiva la amnistía, aunque precisan que desconocen si los procesados en esta causa se incluirían en ella.
"La Audiencia Nacional marca perfil propio y mueve ficha para enjuiciar y finalizar una de las operaciones de Estado más sucias de la represión contra el independentismo catalán. Juzgar a los miembros de los CDRs por un terrorismo inexistente es el relato que da sentido a toda la brutal maquinaria represiva", lamenta el comunicado.
