La Audiencia de Sevilla ha cuestionado la compatibilidad del amparo concedido por el Tribunal Constitucional (TC) a los condenados por el caso ERE de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán con el derecho de la Unión Europea, y ha pedido opinión a las partes sobre si la corte de garantías se "extralimitó" e "invadió" ámbitos reservados a los jueces.
La providencia emitida por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, a la que ha tenido acceso EFE, plantea dudas sobre si el amparo es "del todo compatible" con el derecho de la UE. El amparo anuló la pena de cárcel al expresidente andaluz Griñán y rebajó la pena al también expresidente Chaves.
Por ello, da audiencia a las partes para que aleguen en un plazo de 10 días sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, la Audiencia sevillana ha recordado que el Constitucional estimó parcialmente recursos de amparo de condenados en la "pieza política" de los ERE para restablecer el derecho fundamental a la legalidad penal que consideró vulnerado.
Ahora, la Audiencia ha explicado que "no puede dejar de lado" la posibilidad de que las valoraciones que hace el Constitucional "no sean del todo compatibles con el derecho de la Unión", según la providencia.
Una situación de desprotección del patrimonio público
Además, pide la opinión de las partes sobre si el Constitucional se ha "extralimitado, invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales" al revisar lo planteado por la Audiencia y el Tribunal Supremo.
Del mismo modo plantea si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía entre 2002 y 2009 "se opone" a la normativa y jurisprudencia comunitaria al dejar "al margen de todo control" aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria. "Esto podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado" ha sentenciado la Audiencia.
Igualmente plantea la posibilidad de que el Constitucional haya incumplido las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, algo "incompatible" con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude".
La Audiencia concluye su providencia indicando que contra la misma no cabe recurso, ya que la finalidad de la resolución es decidir si procede o no el posterior planteamiento de una cuestión prejudicial.
Este es el último giro en la macrocausa de los ERE que sigue viva más de una década después de iniciarse, con un centenar de piezas separadas que todavía están pendientes.
