La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado el caso del fiscal general del Estado como "un Watergate". Según la presidenta autonómica, después de haberse conocido el auto del Tribunal Supremo sobre las presuntas filtraciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra su pareja, Alberto González Amador, "se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del Gobierno y su entorno contra un adversario político; es decir, contra mí".
Ante los medios de comunicación, Díaz Ayuso ha afirmado este martes que se ha hecho una "utilización de la Fiscalía, cuando debería estar para velar por la legalidad de los procesos judiciales". Asegura que "se ha utilizado esta institución para dinamitar el Estado de derecho, para vulnerar los derechos de un ciudadano y para poner en peligro el Estado de derecho de todos los españoles".
Se ha utilizado esta institución para dinamitar el Estado de derecho
En consecuencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid considera que "el fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de derecho". Asimismo, Díaz Ayuso también ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez porque "es un peligro para España".
El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir
Según ha argumentado, el caso de García Ortiz es "un Watergate; la utilización de los poderes del Estado contra un rival político por parte de un presidente que es un auténtico peligro para todos".
El Supremo cita al fiscal general
Las declaraciones de la presidenta se han producido un día después de que el Tribunal Supremo haya citado al fiscal general para que declare como imputado el próximo 29 de enero en la causa donde se investiga la presunta filtración contra González Amador.
El instructor del caso también ha citado para el día 30 a la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al tiempo que ha imputado al 'número dos' de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, al que llama para el 5 de febrero.
Tanto García Ortiz como Rodríguez deberán acudir a la cita como investigados después de que el juez que instruye el caso considerase apuntalados los indicios delictivos contra ambos.
El magistrado señaló que el correo electrónico filtrado tuvo "salida de la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno", desde donde se hicieron "gestiones para que acabara publicado".
