Nuevo día de declaraciones en el caso 'Begoña Gómez'. El juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios toma hoy declaración por videoconferencia al empresario Juan Carlos Barrabés.
Barrabés, promotor de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y que fue después recomendado por ella para contratos públicos, ya respondió a las preguntas del juez Juan Carlos Peinado hace quince días, aunque entonces estaba citado como testigo.
Según las acusaciones populares, sus respuestas fueron un poco vagas y cuatro días después, el juez cambió su condición a la de investigado.
Barrabés se reunió en La Moncloa con Begoña Gómez y Sánchez
Barrabés fue imputado después de que el pasado día 15 declarase como testigo que no podía precisar algunas de las cosas que le preguntaban sobre la cátedra, pero que sí se reunió varias veces con ella en la Moncloa y que en dos de esas citas estuvo presente Pedro Sánchez.
Tras conocer su imputación, la defensa del empresario recurrió la misma alegando que carecía de "cualquier justificación" y que la "única explicación lógica a tan patente falta de motivación para llamar al señor Barrabés como investigado, no puede ser otra que de lo actuado no se deduce en el mismo ninguna actuación, no ya delictiva, sino simplemente irregular".
Tres investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias
Actualmente hay tres investigados en la causa abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios: Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, quien sí declaró como tal el día 29 y volvió a negar que hubiera irregularidades en la cátedra que codirige Begoña Gómez y que él diera orden alguna en relación a quién debía dirigirla.
Las declaraciones de este 1 de agosto tienen lugar dos días después de que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, se trasladara a la Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, como prevé la ley.
Poco después la Abogacía del Estado presentó una querella en representación del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez por presunta prevaricación, al considerar que dictó "a sabiendas" varias resoluciones "injustas" y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a "convicciones propias" que "se apartan de su deber investigador".
