Podemos consultó la pasada semana a sus bases si apoyaban o no los presupuestos generales del Estado del Gobierno de Coalición. La mayoría de la militancia del partido de Ione Belarra ha avalado que el partido condicione el apoyo a los PGE a la ruptura con Israel y a bajar por ley un 40% los alquileres.
Concretamente, el 89% del total (34.417 personas) de los 38.324 inscritos que ha participado en la consulta lanzada por el partido, que arrancó el martes y concluyó la medianoche de ayer, han respaldado vincular el voto favorable de la formación a estas condiciones.
Por otro lado, 811 militantes han votado en blanco y solo 3.096 inscritos, un 8% del total, se ha mostrado en contra, según han informado este lunes en rueda de prensa los coportavoces morados Pablo Fernández y María Teresa Pérez.
De esta forma, Podemos presionará al Ejecutivo de cara a la negociación presupuestaria para que asuma sus postulados, enfatizando que serán firmes en estas demandas, dado que no se considera socio parlamentario del PSOE y que sus votos son "decisivos" para sacar las cuentas públicas.
La secretaria general del partido, Ione Belarra, ya trasladó que lo mínimo que se podía exigir al Gobierno, al que reprocha haber desplegado un "giro a la derecha", es romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, ante su "genocidido" al pueblo palestino, y proceder a un embargo efectivo de compraventa de armas e impedir que España sea país de tránsito de material militar con destino al país hebreo.
En materia de vivienda, Podemos pide aplicar la rebaja del 40% a todo contrato que tenga que ser renovado o prorrogado y que, en caso de nuevos pisos que salgan al mercado, el coste del arrendamiento tendrá que ser sobre el 60% del precio fijado en el sistema estatal de referencia de precios del alquiler. Una medida que se aplicaría a municipios mayores de 200.000 habitantes o en localidades con menor población que hayan experimentado una subida del alquiler del 35%.
A su vez, Podemos pide limitar la compraventa de vivienda que no sea para uso residencial, que aquellos que adquieran un inmueble deberán acreditar esa finalidad hasta familiares de segundo grado de consanguinidad al menos cuatro años para, a partir de ahí, ponerla en alquiler.
