'El Bigotes' pide la libertad provisional al considerar que está siendo "discriminado" en comparación con Urdangarin

Alvaro Pérez 'El Bigotes', condenado a 12 años y tres meses de prisión por amañar los contratos del 'stand' institucional de la Comunidad Valenciana en la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009, lleva en prisión desde el pasado 14 de febrero cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ordenó su ingreso inmediato con el fin de evitar el riesgo de fuga.

En el escrito dirigido al TSJCV, Vasallo destaca que Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de cárcel por el "archiconocido" 'caso Nóos', no ha ingresado en prisión a la espera de que el Tribunal Supremo haga firme dicha sentencia, pese a que el fiscal Anticorrupción solicitase libertad bajo fianza de 200.000 euros y la mitad para el otro principal condenado en la causa, Diego Torres, penado a ocho años y medio.

Para la defensa de Pérez, que únicamente se acordase la comparecencia de los condenados una vez al mes, y la retirada del pasaporte a Torres, pone de manifiesto la "discriminación" y vulneración de los derechos fundamentales con su cliente, sobre todo cuando Urdangarin y Torres "cometieron un mayor número de delitos" de entre los cuales se encuentran los mismos que se le imputan a Pérez y "aunque en su totalidad se enfrenten a penas menores". "La fiscalía Anticorrupción toma medidas dispares para casos ciertamente parecidos y no atiende a la punidad de los hechos cometidos, si no a la visibilidad de los sujetos que los realizan", destaca Vasallo.

En este sentido, en un escrito de ampliación de la solicitud de libertad provisional, después de que la Fiscalía Anticorrupción impugnase esta petición, el abogado defiende que la administradora de varias empresas de la [[LINK:EXTERNO|||http://www.ondacero.es/temas/trama_gurtel-1|||Gûrtel]], Isabel Jordán, se enfrenta en todos los procedimientos pendientes de enjuiciar a 71 años, a igual que Pérez, y sin embargo, la condena de seis años por la pieza 3 de la rama valenciana solo ha implicado que le impongan la retirada del pasaporte y comparecencias mensuales.

Por otro lado, el Ministerio Público justifica mantener a 'El Bigotes' en prisión provisional bajo la 'Justicia social'. Ante esto, Vasallo se pregunta si este concepto está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si es una "creencia subjetiva" o por el contrario una "creencia tangible y objetiva" de la Fiscalía, o si entra dentro de la "alarma social".

"Se están inventando las normas", subraya Vasallo, al tiempo que dice que tanto él como su defendido están "ansiosos" de que la Fiscalía explique qué entiende, "desde el punto de vista sustantivo y jurídico", por 'Justicia social'.

Asimismo, el letrado, que ha presentado tres escritos reiterando su solicitud-- asegura que los razonamientos que expuso el TSJCV "en folio y medio" para encarcelar provisionalmente a 'El Bigotes', como el riesgo de fuga por dictar una condena en su contra o que la Audiencia Nacional tiene aún procedimientos pendientes en los que la Fiscalía solicita elevadas penas para él, son "injustificados" e "insuficientes".

Además, afirma que no tienen en consideración los principios constitucionales al derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad y recuerda sentencias del Tribunal Constitucional en las que reconoce que "lo que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos o de anticipación de la pena".

El abogado de Pérez ha solicitado al tribunal que examine la "necesidad" de adoptar medidas cautelares personales contra su defendido y recalca su "actitud colaboradora con la justicia en todo momento". Así pues, recuerda, entre otros motivos, que 'El Bigotes' ha cumplido "puntualmente" durante ocho años con su obligación de comparecer semanalmente en el juzgado o que tiene arraigo a territorio nacional y familiar, hijos de corta edad, para no huir del país.

En caso de no acordarse la inmediata libertad, Vasallo ofrece imponer a su defendido la retirada del pasaporte, la prohibición de la salida del territorio español, comparecencias "diarias, semanales, quincenales, cada tres días", así como una fianza "acorde" con las medidas.

Por otra parte, la defensa del considerado número dos de la trama, Pablo Crespo, ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una ampliación de su recurso de súplica contra su ingreso provisional en prisión antes de que su condena a 13 años y tres meses de cárcel en la pieza sobre los amaños de Fitur adquiera firmeza.

El escrito incluye otros ejemplos de la "enorme desigualdad de trato" que supone su encarcelamiento en comparación con lo sucedido en otras causas. Además de citar el caso 'Nóos', recuerda el caso Afinsa donde, a pesar de que de algunos acusados están condenados a penas de más de 12 años, tampoco se acordó su ingreso en prisión.

Repasa, además, lo sucedido con el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que quedó en libertad este viernes a pesar de su condena por las tarjetas 'black', y reproduce el auto de la Audiencia Nacional en el que el tribunal encargado de juzgar a los acusados por el uso de los plásticos opacos al fisco de esta entidad puso de manifiesto que el derecho a la libertad debe respetarse como "superior valor" y menciona su "comportamiento procesal intachable".

"De forma inexplicable a mi defendido se le maltrata, se le discrimina y se le somete a una pena anticipada", defiende el abogado Miguel Durán en esta ampliación en la que agrega que con Crespo "vale todo".