La exasesora de Podemos, Dina Bousselham, ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza separada número 10 de Tándem, la pieza Dina, por la que acordaba que la Policía Científica informara si era "técnicamente posible el acceso a la información contenida en la tarjeta SD" que le fue sustraída en 2015.
Bousselham entiende que es una diligencia de prueba "innecesaria e inútil" y que hay un interés "desmedido y no disimulado" del juez en atribuir un delito de daños informáticos al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Dina acepta que Iglesias no le diese la tarjeta de forma inmediata
La exasesora de Podemos asegura que nunca ha denunciado a Iglesias y que aceptó que accediese al contenido de su tarjeta porque gran parte "procedía de su trabajo en la organización y dada la confianza" que los unía, además de que en el teléfono guardaba "fotografías e información personal e incluso bancaria" del vicepresidente. Además, Bousselham indica que a pesar de que el móvil no era propiedad del partido lo usaba indistintamente para su labor profesional y para el ámbito personal.
Y además Bousselham dice entender que Iglesias no le diese la tarjeta "de forma inmediata, dada la confidencialidad en la que fue recibida" y "sus obligaciones públicas y electorales en aquellas fechas", y añade que se la entregó "una vez fue publicado su contenido en los medios de comunicación".
Las contradicciones apreciadas por el juez entre las versiones de Bousselham e Iglesias fue una de las razones por las que le retiró su condición de perjudicado en la causa y por las que el Supremo también vio necesario que la exasesora del partido declarase de nuevo en la Audiencia Nacional.
Bousselham quiere declarar "para ratificarse en lo ya manifestado"
En un escrito de 18 páginas y fechado el 15 de febrero, Bousselham insiste en que al principio pudo acceder al contenido de la tarjeta, después ya no funcionaba y más tarde "fue dañada con un puntero láser".
Reprocha al juez que no la volviese a citar pese a pedirlo la Fiscalía y carga duramente contra él al considerar "absolutamente impertinentes e inútiles" sus "esfuerzos" de "imputar la comisión de delitos a las víctimas" hasta el punto de "elevar una injustificada exposición razonada al Tribunal Supremo" contra Iglesias.
Insiste en la presunta relación de la denominada "policía patriótica" en estos hechos
Recuerda que el Tribunal Supremo cuando devuelve la causa a la Audiencia Nacional en enero, interesa la ampliación de la pericial sobre la tarjeta ante el desconocimiento de las conclusiones extraídas en el informe de Asuntos Internos (UAI) ya que, añade, el juez instructor "omitió las conclusiones sobre vestigios" de esa unidad policial en su exposición razonada por la que mandó la causa al Supremo.
Insiste en la presunta relación de la denominada "policía patriótica" en estos hechos y critica que el juez descarte investigar si la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía tenía "la información que contenía" su teléfono a pocos días del robo, ya que menciona informaciones periodísticas que ya pusieron en conocimiento del juez, y que indicaban que 72 horas después de producirse el robo de la tarjeta, los datos bancarios que contenía la tarjeta aparecen en el conocido como informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que fue remitido al DAO.
Lamenta que pese a pedirlo durante la instrucción, el juez no ha requerido oficio a la Policía para indagar en ese hecho. Por eso, Dina concluye afirmando que la instrucción de la pieza 10 "ha sido un mero instrumento para el esclarecimiento de hipótesis alternativas ajenas a los hechos investigados" que además, añade, no se apoyan en indicio alguno y carecen de base fáctica.
