En el recurso de súplica, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Boyá pide la nulidad del auto del 22 de diciembre de Llarena que ampliaba la investigación por el proceso independentista a varias personas, entre ellas también a la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
En su escrito, Llarena explicaba que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la AMI.
La defensa de Boyá pide ahora que se anule esa resolución porque considera que vulnera los derechos a la defensa y a un juicio equitativo, ya que no informa a los nuevos investigados de los hechos que se les imputan con detalle suficiente.
"La información que debe darse a quien se atribuya un hecho punible en el momento de comunicarle dicha circunstancia exige que se incluya una descripción de aquellos hechos en los que se funda su condición de sospechosa, la naturaleza y la tipificación de la infracción penal y su participación en los mismos", dice el letrado, que cree que el auto de Llarena no cumple con esta condición.
En el caso de Boyá, destaca que no describe los hechos por lo que la considera sospechosa, sino que relata una serie de antecedentes en los que no se hace referencia a ella y se limita a ubicarla en reuniones que supuestamente sirvieron para idear el proceso de ruptura, en el que prestó presuntamente su apoyo político en el Parlament.
Para el abogado, es "imposible extraer del contenido del auto los elementos fácticos en los que se funda la imputación, la naturaleza y la tipificación de la infracción penal que se le atribuye y su concreta participación en los hechos", y más cuando, destaca, no existe ninguna denuncia o querella contra ella.
En el recurso, afirma que su imputación es "meramente formal" y no está fundamentada, lo que compromete "gravemente" su derecho a la defensa y pone "claramente en entredicho desde su inicio el carácter equitativo que debe tener el proceso penal".