En pleno inicio de la transición democrática, Carlos García Juliá -que militaba en el partido ultraderechista Fuerza Nueva-, participó en el atentado contra los letrados de izquierda.
Se le condenó a 193 años de cárcel aunque sólo podría cumplir 30, el máximo establecido entonces.
En 1991, obtuvo la libertad condicional y aprovechó para huir a Latinoamérica para iniciar una nueva vida.
Después de estar dos décadas en paradero desconocido, en diciembre de 2018 le detuvieron en Brasil y España solicitó la extradición porque su delito no había prescrito y porque aún le quedan por cumplir diez años más de cárcel.
Ahora la Justicia brasileña la autoriza porque entiende que no se trata de una persecución política y porque se cumple con el requisito de la doble tipicidad, es decir, que el delito está penado en ambos países.
Al no tener la nacionalidad brasileña, el proceso ha sido más ágil que si la hubiera adquirido.
