Casado, que ha intervenido en un acto del PP en Málaga con motivo del Día de la Hispanidad, ha exigido "una reprobación o una censura" por parte de Sánchez de esta reunión, con la que no sabe si se pretendía "que la historia de la derrota de ETA se siga escribiendo con indignidad".
"No vamos a tolerar que se escriba la historia de ETA sin contar con las víctimas del terrorismo ni que el Gobierno de España pacte con quienes asesinaron, secuestraron e hirieron a miles de personas", ha subrayado Casado.
También ha criticado que un Gobierno "negocie con un terrorista confeso, que pegó un tiro a Gabriel Cisneros y fue condenado por secuestrar a Javier Rupérez", porque "no hay nada que negociar con él, solo decirle que condene el terrorismo y colabore para esclarecer los 376 asesinatos que siguen impunes".
Ha rechazado vivir en un país en el que tenga que explicar a sus hijos "el terrorismo como algo que ocurrió, que hay que olvidar y hacer borrón y cuenta nueva, y que los matarifes son hombres de paz".
El líder popular ha subrayado que "a ETA la derrotó la firmeza del PP al tejer una red de cooperación internacional y apoyando a la Policía y la Guardia Civil".
También ha destacado la "cooperación contra las redes de financiación y con la Ley de Partidos", en la que se estableció que en la "kale borroka" era lo mismo "los que señalaban a los concejales, los que escracheaban sus casas y los que disparaban".
Según Casado, aquella situación "empieza a parecerse en Cataluña" y el pasado 1 de octubre "unos energúmenos intentaron asaltar el Parlamento, apalearon a policías y guardias civiles y le partieron la nariz a una mujer por quitar lazos amarillos".
Ha apostado por "combatir" esta situación "con la ley, pero con toda la ley", porque "se pueden ilegalizar los partidos que toleren la violencia y cerrar la financiación a esos partidos".
El dirigente del PP ha defendido además "aplicar otra vez el artículo 155 con la amplitud que haga falta" para que "se respete la unidad de España, la legalidad, la prosperidad y la convivencia".
Se ha preguntado "cómo es posible que una comunidad autónoma tenga un régimen carcelario distinto al del resto de España" y ha asegurado que, cuando gobierne el PP, todas las instituciones penitenciarias serán "gestionadas bajo titularidad estatal".