En tres meses, los jueces enviaron al banquillo o procesaron a 15 personas por delitos de corrupción en causas que se refieren a funcionarios públicos, gobernantes y políticos y a dinero público. También delitos como, entre otros, prevaricación urbanística y administrativa o malversación.
Fueron cinco causas las que terminaron de investigarse entre julio y septiembre de 2018. En este periodo hubo quince sentencias -el 60% condenatorias-.
Este año además, y según la información que proporciona el Ministerio del Interior al CGPJ, arrancó con 90 presos en las cárceles condenados en firme por delitos de corrupción y 9 reclusos encarcelados preventivamente.