Caso Ausbanc: Pineda y Bernad, a juicio por extorsiones como la del caso Nóos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en diciembre presentó su escrito de acusación, ha pedido condenas de 118 años y 5 meses de prisión para Pineda, 21 años y 11 meses para su esposa, María Teresa Cuadrado, casi 25 años para Bernad y cerca de 12 para López Negrete, la abogada que acusó a la infanta en Nóos, todos acusados de integrar una trama de extorsiones a cambio de retirar acusaciones y presionar a bancos.

En el juicio deberán también responder 26 sociedades del grupo Ausbanc como personas jurídicas y respecto de las que la Fiscalía ha reclamado su disolución, así como del "Sindicato Colectivo de funcionarios Manos Limpias" y la "Asociación Cívica Española Manos Limpias".

En su escrito de acusación, el fiscal del caso, José Perals, solicita penas de cárcel para los diez acusados en esta causa por delitos de estafa, blanqueo, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal y multas que en el caso de Pineda y otros procesados superan los diez millones de euros.

Entre las supuestas extorsiones que se investigan en este caso, el juez incluye la "estrategia" de Pineda y Bernad para "intentar negociar la retirada de la acusación de la infanta" en el caso Nóos por parte de Manos Limpias, a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto entre 2 y 3 millones de euros".

Otra forma de extorsión la ejercía Pineda con entidades bancarias como el BBVA, el Banco Santander o Caja Madrid-Bankia a las que presionaba en busca de financiación a cambio de publicidad favorable y de no acceder a las presiones les chantajeaba con publicar informaciones peyorativas.

A este respecto, el juez reclama a los acusados en concepto de responsabilidad civil que indemnicen de forma conjunta a Crediservices con 300.000 euros y también al BBVA "junto con las cantidades satisfechas a la organización criminal y las cantidades que cifrarán los daños y perjuicios".

Pedraz asegura que Pineda lideró una organización criminal para sustraer dinero utilizando la "cobertura de defensa de los consumidores" que le daba Ausbanc y se dedicaba a coaccionar a entidades bancarias y empresas con amenazas de acusaciones judiciales de Manos Limpias o de hacer mala publicidad de ellas.

Así, usó y también financió a la organización liderada por Bernad "para reforzar dicha coacción" y lanzar amenazas de querellas contra las entidades coaccionadas o promesas de retirada de esas acusaciones, como ocurrió con el caso Nóos.

En el primer nivel de la organización, el juez sitúa a Pineda (el único en prisión por este caso), así como a Bernad y a López Negrete, mientras que en el segundo se encuentran dos altos cargos de Ausbanc y sus empresas (Alfonso Solé y Ángel Garay).

En un tercero incluye a otros cargos de Ausbanc que también estaban supeditados a Pineda: su esposa María Teresa Cuadrado, María Manuela Mateo y María Isabel Medrano; y en el cuarto nivel a cargos menores de Ausbanc que conocían de las prácticas (Rosa Isabel Aparicio y Luis María Suárez Jordana).

Según la investigación, la connivencia entre Ausbanc y Manos Limpias para extorsionar en causas en las que estaban personados se dio en al menos ocho casos.

Además del relativo a la infanta en Nóos, en los llamados "caso Sevilla", "caso Sabadell", "caso Facua", y coacciones a Volkswagen en el procedimiento por la emisiones de CO2, al banco Santander y a Endesa.

En el "caso Sevilla", la Fiscalía cree que Pineda cobró "una importante cantidad" por retirar la acusación de Manos Limpias contra el presidente de Unicaja, Braulio Medel, mientras que en el relativo a la asociación de consumidores Facua, se atribuye a Pineda haber usado a Manos Limpias para lograr imputar al líder de esta organización, Rubén Sánchez, en el caso de las facturas falsas de UGT.

En cuanto al Santander, Pineda está acusado de emplear "su influencia y peso en Manos Limpias para que por parte del sindicato no se continuasen las acciones que se tenían previstas en relación a la denuncia por el presunto asesinato de Emilio Botín, y así aprovechar la petición de financiación vía convenio publicitario con el banco".