HERMANO DE SÁNCHEZ

El caso de "El Hermanísimo" viaja a Europa

El Partido Popular quiere que el caso que afecta al Presidente del Gobierno sea investigado por las autoridades de la Unión Europea.

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José Ramón Arias

Madrid |

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez
David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez | Europa Press

Los populares pretenden que el caso judicial que afecta al hermano de Pedro Sánchez sea conocido en el seno de las Instituciones Europeas al margen de las informaciones periodísticas que se hayan publicado en medios del continente.

El PP ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea para que esta analice la presunta comisión de un delito de trato de favor en la consecución de un empleo público y si esta circunstancia viola los principios de igualdad e imparcialidad en la administración.

Ha sido la portavoz parlamentaria del PP en Bruselas, Dolors Montserrat la que ha planteado la necesidad de que “se examine” si se creó un puesto “ad hoc” en la diputación de Badajoz para David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del gobierno por parte de una administración pública.

La dirigente popular se ha referido a varios artículos del Tratado de la Unión y del régimen financiero de la UE que establecen la prevención de los conflictos de intereses y que hacen referencia al principio de buena administración.

El PP quiere que se investigue si es una violación del principio de igualdad

Los populares han trasladado todas las informaciones que existen ahora mismo sobre el caso y las imputaciones que la jueza Beatriz Biedma ha realizado no sólo contra el hermano del presidente del gobierno sino sobre todos los relacionados con el mismo a los que la magistrada imputa los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Montserrat ha preguntado si beneficiar directamente a un familiar de un primer ministro supone una violación del principio de igualdad y qué medidas va a adoptar para que se garantice dicho derecho en nuestro país.

Esta denuncia se produce días después de que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo haya analizado dos solicitudes para que se estudie si puede existir algún tipo de violación del derecho comunitario en las restricciones que quiere llevar a cabo el Gobierno contra el ejercicio de la acción popular, la conocida como “ley Begoña”.