El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que el Gobierno impugnará cualquier texto del Parlamento Catalán que, por razones jurídicas, y no políticas, incumpla la Ley, como ya hizo en 2013.
Catalá ha respondido así a una pregunta sobre la propuesta de resolución parlamentaria que han registrado en el Parlament Junts pel Sí y la CUP, la cual declara "solemnemente" el "inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república", sin supeditarse a lo que pueda decir un Tribunal Constitucional "deslegitimado".
"Si el Parlamento catalán adopta cualquier declaración, lo que haremos será valorarla jurídicamente y no políticamente, y si consideramos que incumple el ordenamiento, la impugnaremos como ya hicimos en 2013", ha respondido Catalá.
"Hay un plano que es político y en él cada uno tiene una determinada responsabilidad. Una persona con representación en una institución debe servir a toda la institución y no a una parte", ha señalado en referencia a la declaración por una república catalana que hizo la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En este sentido, Catalá ha distinguido la libertad de expresión en el ejercicio político de los actos con trascendencia jurídica. El Parlament aprobó en enero de 2013 una declaración que impulsaba "el derecho a decidir" de Cataluña.
En mayo el Tribunal Constitucional suspendió temporalmente la declaración soberanista del Parlament tras admitir a trámite la impugnación del Gobierno central.
En cuanto a los avances en la investigación en torno a la familia Pujol, el ministro se ha limitado a decir que "son pasos sucesivos en el normal funcionamiento de la Justicia y la colaboración entre Policía y juzgado penal, el normal avance de una causa penal". Catalá se ha referido así a que la operación policial y judicial en la que han sido registrados domicilios del expresidente de Cataluña Jordi Pujol y de tres de sus hijos en relación con delitos de corrupción y fiscales.
El ministro ha hecho estas declaraciones antes de entrar a la sede el Consejo General del Poder Judicial, donde ha acudido para firmar un convenio de desarrollo de actividades formativas para jueces y magistrados con el presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Se trata de un convenio que servirá para reglar la cooperación del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, que será el departamento que coordine con otros cómo encontrar el modo de llevar a la práctica las actividades formativas que acuerde con el CGPJ, que será quien seleccione a los magistrados que las realicen. La finalidad del convenio, que durará cinco años, es detectar qué necesidades formativas tienen los jueces y magistrados y atenderlas.
