Catalá, que ha impuesto esta tarde la gran cruz de la orden de San Raimundo de Peñafort a José Luis González Montes, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Granada, ha dicho que el acuerdo por el que se designó la Sindicatura de este proceso electoral que ha sido suspendido y declarado inconstitucional es "jurídicamente innecesario" porque "ya estaban suspendidos como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional".
Pero también demuestra, ha señalado a los periodistas, que el referéndum planteado para el 1 de octubre "no se va a llevar a cabo porque la convocatoria está declarada inconstitucional, porque no tienen censo, porque no hay administración electoral con este cese de la Sindicatura y porque es un proceso que carece absolutamente de los mínimos elementos jurídicos que lo permitan llevar a cabo".
Por tanto, se trata a su juicio de "un paso más" que demuestra que el proceso debe acabar con todos "trabajando por el futuro de España y Cataluña y no por dividir a los catalanes y generar coacciones".
Respecto a la denuncia por sedición presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras los disturbios en Cataluña durante la operación policial para evitar la celebración del referéndum, el ministro ha considerado que se trata de un delito "muy grave" ante el que el Estado de Derecho no puede quedar "inmune".
"La querella se llevará a juicio y se dirimirá la responsabilidad de quien corresponda", ha indicado Catalá, para quien la acción de la Fiscalía no va dirigida a frenar las protestas en la calle, sino "simplemente a garantizar que la ley se cumple en España", y que si se comete un delito, no quede impune.
"Estamos llegando a un punto absolutamente absurdo donde algunos, las minorías radicales que están en Cataluña, intentan imponer su voluntad y hacer pensar que votar es la democracia y que se puede hacer cualquier cosa en aras a eso que ellos consideran la democracia", ha abundado tras precisar que "la verdadera democracia está en el respeto a las instituciones".
En su opinión, "no se respeta a las instituciones cuando se pretende coaccionar la acción de los jueces, se amenaza a alcaldes o se separa a los ciudadanos entre buenos y malos".
El ministro ha considerado que "se puede discrepar, pero la discrepancia nunca puede llevar a la alteración del régimen de convivencia que hemos ganado entre todos después de 40 años de democracia en torno a una Constitución que nos ha generado una estabilidad política".