El CGPJ se encamina de nuevo hacia un Pleno, extraordinario y urgente, que promete ser intenso y reñido. Los nueve vocales conservadores que pidieron la convocatoria quieren sacar adelante una declaración contra las acusaciones de prevaricación y otros insultos vertidos el pasado martes por distintos oradores de los grupos parlamentarios contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón y el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre “ante la aquiescencia y el mutismo” de la presidenta Francina Armengol.
Una vez que los nueve consejeros conservadores superan con creces el mínimo que obliga al presidente del CGPJ a convocar un Pleno Extraordinario, Vicente Guilarte ha convocado la sesión para el próximo lunes, 5 de febrero a las 17 horas.
El bloque conservador se enfrentará de nuevo con las reticencias de los vocales progresistas, que vienen rechazando sucesivamente cualquier apariencia de injerencia en cuestiones políticas o de falta de respeto a la separación de poderes.
Sin embargo, el bloque progresista también es profundamente crítico con los insultos de representantes políticos a jueces con nombres y apellidos, como demuestra la declaración institucional que firmó la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces por unanimidad.
Como recuerdan los convocantes del próximo Pleno (José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea), esa declaración institucional, aprobada el pasado 19 de enero a raíz de, entre otros exabruptos, los ataques de la portavoz de Junts Miriam Nogueras contra jueces concretos de causas relacionadas con el procés, consideró imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos, fundamento del estado democrático de derecho.
Declaración de la Permanente
La Comisión Permanente calificó los señalamientos de jueces por parte representantes políticos como “contrarios al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un estado de derecho consolidado e integrante de la UE, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescidible para hacer realidad el valor Justicia”.
“Solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho”, indicaba el texto.
La Permanente manifestó entonces su “rotundo rechazo a unas manifestaciones que contribuyen al deterioro institucional”, especialmente cuando interfieren en una investigación en curso.
Por último, la declaración apeló a la moderación, la prudencia y la mesura, además de a la responsabilidad institucional “para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial.
En el mismo sentido se ha venido pronunciando Vicente Guilarte, que este miércoles volvió a insistir en la no injerencia entre poderes: “déjennos en paz”.
Anticipándose a que el llamamiento es “baldío y cansino”, Guilarte volvió a lamentar los insultos a los jueces en sede parlamentaria durante su discurso en la apertura del curso 2024-2025 de la Escuela Judicial. “Más cansinos son ellos”, declaró. El presidente por suplencia de CGPJ pidió respeto a la separación de poderes y llamó a que n oe cuestione la imparcialidad de los jueces por esa vía, sino por la de los recursos ante las instancias superiores.
