El CGPJ examinará la legalidad de las comisiones parlamentarias constituidas en el Congreso para investigar supuestos casos de lawfare o persecución política por parte de los jueces, a petición de los nueve vocales del sector conservador.
Los consejeros firmantes de la solicitud superan con creces el mínimo de cinco, requisito necesario para que se incluya su petición en el orden del día del Pleno, de manera que el presidente suplente del CGPJ Vicente Guilarte está abocado a atender la solicitud.
Los vocales conservadores solicitan la inclusión en el orden del día del próximo Pleno ordinario, previsto para el día 21 de diciembre, un punto relativo al “examen de las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes Poderes del Estado: legalidad de las comisiones Parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los Jueces”.
Según la petición presentada por estos consejeros, la necesidad del debate surge por “el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación”. Dichas comisiones han sido nombradas, a juicio de estos vocales, con la “indisimulada intención” de criminalizar la labor judicial, por lo que “exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho”.
Los nueve consejeros que firman la solicitud son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Fernardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona, José Manuel Fernández Martínez, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya, José María Macías y Wenceslao Olea.
Todos ellos pertenecen al bloque de vocales nombrados a propuesta del PP y, pese a las sucesivas bajas que ya no se cubren después de 5 años de mandato prorrogado, siguen ostentando la mayoría del Consejo. En consecuencia y de mantenerse unidos en una virtual votación, es previsible que salga adelante una declaración del órgano de gobierno de los jueces sobre el choque de las comisiones parlamentarias con la separación de poderes que sustenta un estado de derecho y la improcedencia de que el Congreso de los diputados cite a declarar a los jueces señalados.
Operación Cataluña, atentados del 17A y Pegasus
El pasado 12 de diciembre, el Congreso de los diputados aprobó la constitución de tres comisiones para la investigación de la ´Operación Cataluña`, los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 y el espionaje a los independentistas con el programa ´Pegasus`. Su creación salió adelante con el voto en contra de PP, Vox y UPN, que rechazan estas investigaciones pactadas por el PSOE para lograr el apoyo de ERC y Junts a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.
La mención al supuesto lawfare ligado a esas comisiones de investigación, que formó parte del acuerdo del PSOE con Junts para que Sánchez se alzara con la mayoría suficiente en la sesión de investidura, encendió las alarmas de la carrera judicial que salió en tromba -incluidas las asociaciones judiciales y fiscales de corte progresista- a rechazar y condenar el término. “Podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, señalaron.
El desasosiego de los jueces tocaba techo este miércoles después de que la portavoz de Junts Miriam Nogueras señalara con nombres y apellidos a los jueces que intervinieron en distintas fases de la investigación y el juicio por los hechos del procés. El revuelo por los exabruptos lanzados por Nogueras en sede parlamentaria durante el [[LINK:INTERNO|||Article|||6578d89849c9b0e4b8abdab0|||debate para la ´toma en consideración` de la Ley de la amnistía]] adquirió tal magnitud que el presidente del Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, plantó al ministro Félix Bolaños, con quien tenía previsto reunirse esa misma mañana en un encuentro que, finalmente, se fijó para el día 19 de diciembre.
Plantón a Bolaños y duros comunicados
Además del plantón a Bolaños, los insultos proferidos por Nogueras provocaron la respuesta judicial a través de dos duros comunicados de las presidencias del CGPJ y del Supremo, que denuncian que el ataque no tiene precedentes y “no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho”.
A estos comunicados se suman la nota conjunta de todas las asociaciones judiciales y fiscales, excepto las progresistas, condenando un señalamiento que consideran inasumible en democracia. Las asociaciones judiciales APM, AJFV y FJI y las fiscales AF y Apif tildan de “tremendamente irresponsable” trasladar a la ciudadanía el falso mensaje de que sus jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicación de la Ley.
Durante su polémica intervención en el Congreso de los diputados, Nogueras acusó a los jueces del 1-O de indecentes y propuso juzgarles, citando al ex presidente del Supremo Carlos Lesmes, al presidente de la Sala de lo Penal Manuel Marchena y a los magistrados de este órgano Pablo Llarena, instructor de la causa del procès, y Carmen Lamela. “En un país normal serían cesados y juzgados de inmediato”, aseguró la portavoz de Junts.
