Lo advirtió tras el pacto PSOE-Junts y este martes lo reitera a la vista de la aprobación de dos comisiones de investigación en el Congreso y de las últimas menciones al Lawfare por parte del presidente Sánchez y del ministro Puente. El CGPJ permanecerá vigilante en defensa de la independencia judicial.
Pese a que la Comisión Permanente del CGPJ se reunía a petición de los tres vocales del sector conservador, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart, su borrador de declaración, que expresaba una repudia en términos significativamente más duros, no ha prosperado y se han quedado en minoría. El presidente suplente Vicente Guilarte ha usado su voto de calidad, que vale por dos, y ha apoyado a los vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas para sacar adelante esta declarcación más light que la propuesta por los conservadores pero que subraya el frontal rechazo ya expresado por el órgano de gobierno de los jueces a las acusaciones de lawfare.
La Permanente reitera el comunicado aprobado por este mismo órgano el pasado 9 de noviembre, y advierte de que se “mantendrá vigilante” en defensa de la independencia judicial en relación con el desarrollo de las comisiones parlamentarias de investigación recién constituidas en el Congreso, que puedan llegar a establecer responsabilidades derivadas del denominado ‘lawfare’.
Investigación de los atentados de Barcelona y de la Operación Cataluña
Las comisiones que han encendido las alarmas en el CGPJ son las tramitadas en la cámara baja para investigar los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y la denominada ‘operación Cataluña’.
Según el comunicado del pasado 9 de noviembre aprobado en respuesta al pacto entre los socialistas y los de Puigdemont que contemplaba el término lawfare, son inadmisibles “tanto semántica como sustantivamente, las referencias a la judicialización de la política contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura”. Frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación, la declaración señalaba que pueden llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare’.
“Nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales”, señalaba aquel el comunicado. Para el CGPJ es evidente que esos términos implican potencialmente "someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales" y recuerdan que se produjeron "de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada".
“Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos”, concluía la nota emitida el 9 de noviembre.
Además, la Comisión Permanente expresaba en ese comunicado su apoyo “real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos”.
Voto particular
Esta declaración de hoy es insuficiente y debería haber sido más amplia, según los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart. Los tres consejeros firman un voto particular en el que denuncian el “clima de agitación” y propaganda contra los jueces que conforman las últimas referencias al lawfare del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del ministro de Transportes, Óscar Puente, así como la aprobación de dos comisiones de investigación en el Congreso y la querella presentada por SUMAR en el Tribunal Supremo denunciando a los consejeros del CGPJ que aprobaron una declaración contra la anunciada Ley de Amnistía.
“Ha llegado, pues, el momento de continuar con la oposición anunciada a la creación de dichas comisiones en el legítimo ejercicio de las competencias atribuidas a este Consejo, creado precisamente por la Constitución Española, superando la etapa dictatorial de unidad de poder y coordinación de funciones, para garantizar la independencia del Poder Judicial”, reza el voto particular.
Según los tres vocales discrepantes, es cierto que la Constitución permite el nombramiento de Comisiones parlamentarias de investigación para cualquier asunto de interés público, pero recuerdan que sólo pueden constituirse para controlar la acción del gobierno, no como instrumento de control al servicio de la minoría, por lo que califican esta utilización de sectaria, impropia y espuria.
“Se pretende, en definitiva, con la creación de estas comisiones, generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería sólo la legal - penal, civil o disciplinaria - sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido únicamente al imperio de la Ley”, recoge el voto particular.
Los consejeros conservadores añaden que este juez constitucional y europeo, único que puede garantizar un juicio justo, es el que se ve amenazado por las recientes manifestaciones de un prófugo de la justicia (en referencia a Carles Puigdemont) que llegó a comparar el término lawfare con la cabeza de caballo en la película El Padrino, la saga sobre la mafia de Francis Ford Coppola.
La vocal del sector progresista Pilar Sepúlveda ha votado en blanco desmarcándose de los otros dos consejeros de su bloque, cuyos apoyos, junto al voto de calidad del presidente Guilarte, han propiciado la declaración que ha salido adelante este martes en la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del CGPJ.
