El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a reunirse este lunes para resolver asuntos urgentes de trámite de la carrera, mientras sigue en el aire el nombramiento de su futuro presidente, que ha desencadenado una situación de bloqueo en el órgano a poco más de dos semanas de que arranque el año judicial.
El órgano de gobierno de los jueces se reúne esta mañana, -la cuarta vez que lo hace desde que se constituyó-, para abordar temas que tienen un plazo "perentorio y preclusivo", como concesiones de compatibilidad o nombramiento de jueces sustitutos o magistrados suplentes.
No está previsto en un principio que el pleno aborde el nombramiento del futuro presidente o presidenta del CGPJ, -que lo será también del Tribunal Supremo-, un asunto sobre el que los vocales no han conseguido ponerse de acuerdo desde que se constituyó el Consejo, el pasado 25 de julio tras más de cinco años de retraso en su renovación.
En su última reunión, celebrada el pasado 5 de agosto, los vocales -diez elegidos a propuesta del PSOE y otros tantos del PP- constataron la dificultad de poner fin al bloqueo del nombramiento de su presidente, y acordaron que no volverían a abordar este tema hasta que no alcanzasen un consenso.
Una comisión negociadora formada por ocho vocales trata de acercar posturas con la esperanza de alcanzar un acuerdo este mes, consciente de que el 5 de septiembre tendrá lugar el tradicional acto de apertura del año judicial, presidido por el rey.
Los diez vocales del ala progresista insisten en la necesidad de situar por primera vez a una mujer de dicha sensibilidad en la presidencia del CGPJ y, en las votaciones, apostaron principalmente por Pilar Teso.
Esta magistrada del Tribunal Supremo empató a votos con el candidato favorito del grupo conservador, el también magistrado Pablo Lucas, y aunque este sector puso encima de la mesa en la última reunión otras opciones como las magistradas Carmen Lamela y Esperanza Córdoba, enmarcadas en su sensibilidad, sus nombres tampoco concitaron consenso.
Entre los candidatos que ellos mismos propusieron para encabezar el CGPJ figuran, además de los citados, los magistrados del alto tribunal Antonio del Moral, Ana Ferrer y Ángeles Huet.
El nuevo Consejo se reunió por tercera vez el 5 de agosto para intentar elegir a la persona que lo presidirá, sin lograr su objetivo. Los siete candidatos que aspiran al puesto son Esperanza Córdoba, Ángeles Huet, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Carmen Lamela, Pilar Teso y Pablo Lucas.
En esa sesión se produjo una única votación y ninguno de los candidatos decayó. La actuación del CGPJ puede verse limitada en tanto no se cumpla con el mandato constitucional de elegir presidente. De los 20 nuevos vocales 10 son considerados progresistas y otros 10, conservadores.
Tras constatar que no era posible el consenso, se designó una comisión negociadora y se acordó no volver a fijar un nuevo pleno con el objetivo de elegir a la presidencia hasta que no haya un consenso.
No obstante, el Pleno de este lunes cuenta con un extenso orden del día relativo a asuntos que deben resolverse con urgencia y que tiene que ver con el día a día de la carrera judicial, tales como excedencias, permisos, sustituciones, refuerzos, etc.
Las posibilidades de actuación sin presidente
Antes de celebrar el pleno de este lunes, los vocales consultaron al gabinete técnico para saber sus posibilidades de actuación mientras no eligieran presidente.
El informe señala que el CGPJ está integrado, por imperativo constitucional, "por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años", -artículo 123.3 de la Constitución-, y que las competencias que le atribuye el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponden al órgano conformado con esa composición.
El Gabinete Técnico añadió, no obstante, que entre la sesión constitutiva y la toma de posesión del titular de la presidencia del Tribunal Supremo el órgano del CGPJ legalmente previsto es el Pleno integrado por los veinte vocales y que el hecho de que el Consejo no haya completado la composición constitucionalmente exigida "no puede resultar en perjuicio o menoscabo de los derechos de jueces y magistrados respecto de los que se cumple el supuesto de hecho para su reconocimiento".
Así, el informe concluye que "cabe afirmar el carácter justificado" de la adopción por el Pleno, por razones de urgencia y con carácter excepcional, de acuerdos respecto de actos reglados como las prórrogas de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios.
El gabinete técnico concluyó que el pleno puede adoptar acuerdos en asuntos como las prórrogas de licencias de enfermedad, procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, declaraciones de compatibilidad con actividad docente y reconocimiento de trienios.
