El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este viernes para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, sin embargo, han acordado rechazarla y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta. Se volverán a reunir para estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero.
Desde el Consejo recalcan que se ha acordado por quince votos a seis rechazar esa propuesta de informe de Cuesta al aprobar la enmienda a la totalidad redactada por el vocal Enrique Lucas. Del mismo modo, se designarán nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.
El principal motivo para tumbar este proyecto es su evidente "sesgo ideológico" y avanzan que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial.
El Gobierno deberá reelaborar el informe
Estas mismas fuentes indican que durante el pleno se ha rechazado que el Estado tenga competencia para aprobar una Ley de Vivienda con ese contenido, y que dado que entienden que no son correctos "múltiples aspectos" del anteproyecto, esto obliga al órgano de gobierno de los jueves a reelaborar el informe.
Discrepan sobre todo en la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora "un evidente sesgo ideológico" que será abordado en el informe que se presente a finales de enero. En cualquier caso, avanzan que lo que es evidente es que el CGPJ no dará su aval a ese anteproyecto del Gobierno de Pedro Sánchez, "sino todo lo contrario".
El CGPJ considera que hay "falta de concreción" en algunos puntos
El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda elaborado por Cuesta indicaba que era un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. No obstante entendía que se daba una "falta de concreción" en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.
En la nota que emitió el pasado 11 de enero el CGPJ se añadía, no obstante, que las consideraciones generales que hacía el informe sobre la norma eran "favorables". Y añadía que dado su carácter "básico", el texto del anteproyecto pretende garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan atribuidas las comunidades autónomas.
El autor de la enmienda que ha tumbado el texto de Cuesta, Enrique Lucas, ha sostenido que éste parte de una idea errónea, que es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, "tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible".
También considera erróneo plantear que "algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas".
Unidas Podemos reconoce "preocupación" ante la decisión del CGPJ
Desde Unidas Podemos han manifestado su "preocupación por los retrasos injustificables" en la ley de vivienda, tras conocer lo ocurrido este viernes en el pleno del órgano de los jueces.
Considerada una de las "leyes estrella" de los morados y negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el anteproyecto permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados tensionados, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables y prohíbe la venta de vivienda protegida.
