La red, que estaba asentada en Málaga y utilizaba España como país de tránsito, cobraba a las víctimas 25.000 euros por facilitarles los pasaportes españoles falsificados, así como por los traslados y el alojamiento a su destino final, según ha informado la Policía en un comunicado. En la provincia de Málaga han sido detenidos catorce de los quince supuestos responsables de la organización, así como otras 42 personas por comercializar con su documentación española auténtica y venderla por importes que oscilaban entre los 500 y los 3.000 euros.
El líder de la red fue interceptado en el aeropuerto de Heathrow (Londres) cuando iba a viajar a Brasil para evadir la actuación policial, y otras 44 personas de nacionalidad iraní fueron localizadas en diferentes aeropuertos europeos con pasaportes falsificados. Las investigaciones comenzaron hace un año tras detectar que cuatro ciudadanos iraníes intentaban embarcar desde Hamburgo (Alemania) hacia el Reino Unido con pasaportes falsificados y usurpados principalmente a españoles.
Los agentes determinaron que la compra de los pasajes de vuelo se había realizado en una agencia de viajes de Málaga, lo que permitió identificar a los integrantes de una red dedicada al tráfico ilegal de personas de origen iraní por vía aérea hasta el Reino Unido, con tránsito en España. La organización contaba con varios pisos destinados a alojar a las personas con que traficaban una vez que llegaban a España, donde las mantenían a la espera de dotarles de documentación y de un plan de vuelo.
En los registros fueron localizados siete iraníes -uno menor de 5 años-, ordenadores, impresoras, más de cuatrocientas tarjetas de PVC en blanco, 1.300 euros en metálico, una treintena de pasaportes iraníes y diez españoles auténticos, dos pistolas detonadoras, una de aire comprimido, así como dos pistolas y un rifle simulados. En una segunda fase de la operación, la Policía detuvo a 42 personas en la provincia de Málaga por comercializar con su documentación por importes entre 500 y 3.000 euros, que variaban en función de las veces que la vendían, ya que "cada vez que repetían el proceso se incrementaba el riesgo para ellos", según la Policía.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y ha contado con la colaboración de Europol, que desplazó a sus analistas a Málaga, además del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) de Portugal y la Policía Metropolitana de Londres.