Todos los grupos coinciden en que se vendieron productos bancarios indebidos y que hubo falta de vigilancia tanto por el Banco de España como por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque en el dictamen no se habla de la politización de las cajas como una de las causas de la crisis.
El dictamen se ha aprobado tal y como salió de la comisión de investigación, pese a que los letrados del Congreso aconsejaron modificar la redacción para evitar que sea impugnado judicialmente, puesto que atribuye al Banco de España una "grave irregularidad" en las cuentas de 2010 de las cajas que crearon Bankia.
Supuestamente se produjo porque la institución permitió a estas entidades contabilizar un deterioro de 7.619 millones contra reservas -como se hizo en todas las fusiones frías- y no contra la cuenta de resultados.
El texto de los letrados de la Cámara Baja también habla de la "inacción" tanto del Banco de España como de la CNMV en la comercialización de las preferentes.
La presidenta de la comisión de investigación, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha resumido las propuestas para evitar crisis en el futuro: la creación de una autoridad macroprudencial que alerte de forma temprana sobre riesgos, la implantación de un organismo de protección a los usuarios del sistema financiero y el refuerzo de la independencia de los supervisores y reguladores para evitar el riesgo de captura.
Igualmente, es imprescindible que las entidades financieras cambien sus formas de actuación, para que no maximicen los resultados "por encima incluso del sufrimiento de la gente" y para que destierren prácticas "claramente incorrectas" en su operativa habitual.
Los principales perdedores de la crisis han sido los ciudadanos pero también -ha dicho Oramas- el prestigio de las instituciones, como el Banco de España y la CNMV, las entidades financieras y el sistema en su conjunto, cuya reputación ha quedado dañada.
Además, la crisis ha dejado al descubierto la "fragilidad" de la arquitectura institucional que la UE construyó sobre el euro, el "mal" entramado legal y la reacción "tardía" del poder judicial.
La comisión defiende revisar las sanciones que afectan a gestores de entidades bancarias e incide en que el refuerzo de la normativa y vigilancia debe abarcar no solo a las entidades financieras sino también a nuevos productos que puedan incorporar un riesgo elevado para los clientes minoristas.
El partido más crítico ha sido Ciudadanos, que considera que PP y PSOE "se tapan sus propias vergüenzas" y que estos grupos, junto con Podemos-Izquierda Unida -que tenían representación en los consejos de las cajas- han impedido denunciar la politización.
El diputado de Unidos Podemos-Izquierda Unida Alberto Garzón ha defendido que el dictamen "podría servir" para esclarecer las consecuencias penales, por lo que, en su opinión, debería trasladarse a la Fiscalía para que investigue los indicios de delito.
El diputado del PSOE Gonzalo Palacín ha recordado que en los últimos meses se ha avanzado en la creación de la autoridad macroprudencial -que mañana aprobará el Consejo de Ministros-, además de que se ha aprobado la nueva Ley Hipotecaria.
El representante del PP, Miguel Angel Paniagua, ha defendido que los responsables de la crisis fueron los gestores de las entidades, los supervisores y reguladores y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por no haber pedido el rescate financiero en 2009.