Así ha reaccionado en un comunicado tras conocer que el jefe del Ejecutivo tendrá que declarar el 6 de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia como investigado por su presunta participación en el caso Auditorio de Puerto Lumbreras de supuesta corrupción urbanística cuando era alcalde de esa localidad.
Tras indicar que "el valor que tenemos las personas es el de nuestra palabra", ha dicho estar "convencido de que el presidente va a cumplir con la suya y va a dimitir por el bien de los murcianos", una vez que ha sido llamado a declarar por la supuesta comisión de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad documental.
"A la hora de tomar sus decisiones, añade, en Ciudadanos siempre hemos pensado en los intereses de los murcianos. Lo hicimos cuando firmamos el acuerdo de investidura con el PP para facilitar la gobernabilidad de la lista más votada y también el pasado diciembre cuando facilitamos la aprobación de los presupuestos".
Ahora, indica, es Pedro Antonio Sánchez "quien debe pensar en los murcianos, porque la imagen de la región no puede asociarse a un presidente que está siendo investigado por cuatro supuestos delitos muy graves", afirma.
La formación naranja ha apelado al primer punto de su acuerdo de investidura, que indica que se separaría de inmediato de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del proceso judicial.
También al artículo 54 de la Ley autonómica de Transparencia, que indica que la permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo es incompatible con la confianza que se le debe trasladar sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones.
Además, Miguel Sánchez recuerda que el presidente murciano manifestó públicamente el 25 de junio de 2015: "Si al final la justicia dictaminara una imputación por el caso Auditorio, yo dimitiría, porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra".
"Nos parece que tratar de enmascarar como 'error administrativo' una serie de presuntos delitos penales" y afirmar "que lo que podría juzgarse en este caso no es corrupción política es tratar de enmendar la plana desde el poder ejecutivo al judicial" y "considerar a los murcianos demasiado legos en materias jurídicas o demasiado dispuestos a comulgar con ruedas de molino", considera Cs.