El CNI pidió el aval del Tribunal Supremo para espiar con el software Pegasus el móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entre julio de 2019 y marzo de 2020, argumentando que era quien coordinaba las acciones de los CDR en Cataluña.
Así lo adujeron los servicios secretos ante el juez del Supremo encargado del control del CNI, según consta en los autos que autorizaron el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès, facilitados por el Gobierno al juez que investiga el espionaje al presidente catalán tras desclasificarlos.
Se trata de tres autos, a cuyo contenido ha tenido acceso EFE parcialmente: uno de julio de 2019 en el que el juez del Supremo autoriza el ataque con el software malicioso y otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020.
Cuando era vicepresidente de la Generalitat
Según consta en las resoluciones judiciales, el CNI planteó espiar el móvil de Aragonès cuando era vicepresidente de la Generalitat, con el gobierno de Quim Torra, porque sospechaba que, en paralelo a su papel institucional y desde la "clandestinidad", ejercía funciones de coordinador de los CDR.
De hecho, los servicios secretos no pidieron usar Pegasus en el móvil de Aragonès por su condición de vicepresidente de la Generalitat, sino por su papel de "dirección y coordinación" de las actividades de los CDR, coincidiendo con las protestas contra la sentencia del procés y los meses posteriores.
En la querella que presentó contra Esteban y el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, Aragonès detallaba inicialmente tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 -coincidiendo con la investidura de Sánchez-, pero un informe pericial posterior amplió el período en que el teléfono pudo estar infectado a entre julio de 2018 y marzo de 2020.
El Gobierno ha remitido esta misma mañana al juzgado los tres autos del Supremo que avalaron el ataque con Pegasus, que constituye la única documentación secreta relacionada con el espionaje a Aragonès que el Consejo de Ministros ha acordado facilitar, un día antes de que la exdirectora el CNI declare como investigada ante el juez.
No obstante, inicialmente el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, había requerido al Gobierno toda la información en manos del CNI relativa a la compra y uso de Pegasus y a las personas que intervinieron en el encargo, adquisición y recepción del programa.
Por ese motivo, el magistrado se plantea reclamar al Gobierno el resto de información vinculada al uso de Pegasus, que se le ha denegado con el argumento de que su desclasificación podría poner en riesgo la seguridad de los agentes de los servicios secretos que intervinieron en el espionaje al independentismo.
Esteban, que fue cesada a raíz del escándalo de Pegasus, admitió en el Congreso que el CNI espió a una veintena de políticos independentistas, entre ellos Aragonès, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicio secretos, pero se desvinculó del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por los partidos soberanistas.
