A la vista acuden los tres condenados que cumplen su pena en la cárcel de Pamplona, quienes han sido trasladados en un furgón desde la prisión hasta el Palacio de Justicia, mientras que los otros dos, que se encuentran encarcelados en Madrid, seguirán por videoconferencia la sesión.
Los magistrados de la Sección Segunda que emitieron la sentencia que les condenó a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven, en los Sanfermines de 2016, presiden la vista, en la que los condenados no tienen derecho a hablar; las partes exponen las causas y a partir de ahí el tribunal tomará una decisión.
A su llegada, el abogado de la víctima, Miguel Angel Morán, quien ha emplazado a los periodistas al término de la sesión, ha comentado que la joven "está un poco nerviosa, pero está bien". Ha llegado acompañado por Carlos Bacaicoa, el otro abogado que se ocupa de la acusación particular.
Quien sí ha hecho declaraciones ha sido el abogado de cuatro de los cinco acusados, Agustín Martínez Becerra, quien ha sostenido que lo que "sería ajustado a derecho sería la puesta en libertad, que se fije una fianza y a partir de ahí seguir el procedimiento judicial".
Acerca del posible traslado a Sevilla de sus defendidos ha comentado que, de momento, van a pedir la libertad porque entienden que es lo que "procede hoy" y ante esa resolución "no solamente no cabe el traslado a Sevilla ni a ninguna prisión, sino el traslado a Sevilla, a sus correspondientes viviendas".
Ha puntualizado que se ha pedido, "pero como una cuestión que es accesoria y que nada tiene que ver con esto. Entendemos que lo que procede hoy es la resolución de si es necesaria la prórroga o no". El abogado, quien espera que la decisión se tome "lo más rápido posible", "mañana o pasado", considera que la prórroga deja de tener sentido de acuerdo con los propios acuerdos que la sala tomó el 14 de julio de 2017, por lo tanto entiende que "a partir de ahí la
puesta en libertad debe ser lo más rápido posible".
En ese auto, ha indicado, se hablaba de la existencia de un riesgo de fuga, teniendo en cuenta las altísimas penas, pero teniendo en cuenta que la pena ha sido de 9 años y ya llevan dos años en prisión a su entender "no cabe plantear la existencia del riesgo de fuga como tal".
"Y a partir de ahí -ha continuado- la cuestión de la reiteración delictiva se trataba simplemente de una manifestación por parte del tribunal que carecía de ningún tipo de fundamento, ni de soporte, teniendo en consideración que no existe ninguna causa por la que hayan sido condenados".
"Y, si se hace referencia al procedimiento que se sigue en Pozoblanco, después de dos años -ha dicho- no existe todavía ni auto de procesamiento, con lo cual entender la existencia de reiteración delictiva carece de sentido".