El Ejecutivo comunitario indicó en un comunicado que pide para España una multa de 61.964 euros y otra de 123.928 "por cada día que transcurra entre la fecha de la sentencia y la fecha en que dichas directivas hayan sido aprobadas en su totalidad y están plenamente vigentes en el Derecho nacional".
La Comisión pide dos sanciones puesto que España no ha introducido aún plenamente ni la directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión, ni la que regula la contratación pública en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales.
Ambas forman parte de un paquete aprobado en 2014 y deberían haber sido transpuestas como tarde el 18 de abril de 2016. La Comisión advirtió a España y otros veinte países en mayo de 2016, y una segunda vez en diciembre de ese mismo año a un total de quince de esos Estados miembros.
Además de España, Austria, Luxemburgo y Eslovenia no han notificado las medidas que tomarán para introducir las normas en sus leyes nacionales, por lo que el Ejecutivo comunitario les lleva a todos ante la corte de Luxemburgo.
España es la peor parada en términos de sanción, puesto que la penalización total solicitada para Austria es de 137.327 euros diarios, para Luxemburgo de 36.176 euros, y para Eslovenia de 8.992 euros. Para fijar la multa solicitada, Bruselas tiene en cuenta la gravedad y duración de la infracción, así como su efecto disuasorio en función de la capacidad de pago de cada Estado miembro.
En caso de que la transposición siga siendo incompleta y el Tribunal de Justicia de la UE confirme la opinión de la Comisión, deberá pagarse la multa diaria desde la fecha de la sentencia o desde una fecha posterior fijada por el Tribunal hasta que la transposición sea completa.
Si bien el importe definitivo de la multa diaria lo decidirá el Tribunal de Justicia, dicho importe no puede exceder de la propuesta de la Comisión, indicó el Ejecutivo comunitario.