El traspaso de las competencias en materia de inmigración fue uno de los acuerdos a los que el PSOE llegó con Junts el pasado mes de enero, a cambio de que los siete diputados de la formación independentista permitieran la aprobación de los tres primeros decretos ley de la legislatura. En un primer momento, los posconvergentes anunciaron que votarían en contra, después se ausentaron de la primera votación y tras el acuerdo se abstuvieron, permitiendo así al Gobierno ganara la votación en dos de los decretos. El tercero, promovido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, decayó por el voto en contra de Podemos.
En cualquier caso, parece que la negociación contrarreloj llevó a firmar un acuerdo que ahora, a la hora de aterrizarlo, unos interpretan de una forma y otros de otra. Junts asegura que la propuesta que les está haciendo llegar los socialistas no tiene nada que ver con lo firmado entonces, que insisten que es la delegación integral de las competencias mediante el artículo 150.2 de la Constitución. Los posconvergentes también han desvinculado esta negociación con la negociación económica, en un momento en el que el Gobierno busca su apoyo para aprobar un techo de gasto que los independentistas ya tumbaron en el Congreso.
A Junts no le han gustado nada las palabras del ministro del Interior, que en un desayuno informativo en Madrid insistía en que la gestión de las fronteras y los flujos migratorios eran competencias exclusivas del Estado, que no podían ser transferidas. Otra cosa es, según dijo Fernando Grande-Marlaska, asuntos como la gestión de los servicios sociales o las políticas de inclusión de los migrantes.
Poco después, Carles Puigdemont dejaba patente el desencuentro en un mensaje publicado en la red social X. El expresidente catalán advertía de que solo se avanzará en la negociación "si Cataluña recibe la delegación integral de las competencias en materia de inmigración". Y avisaba: "Si alguien piensa que dejando pasar el tiempo, aceptaremos una solución a medias -al estilo de la financiación- está bien confundido. Si alguien tenía planificado empaquetar los incumplimientos acumulados para resolverlos a su favor en una negociación presupuestaria, también se equivoca".
Este viernes ha sido el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien ha insistido en que el traspaso de competencias a la Generalitat catalana en materia de inmigración tiene que ser "integral" y advertía de que "incumplir tiene consecuencias". Turull ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "no estar informado" del acuerdo alcanzado entre su partido y el PSOE sobre este tema.
"Nosotros tenemos un acuerdo firmado que habla de gestión integral en materia de inmigración", ha recordado el dirigente de Junts, quien ha explicado que el documento establece la vía del 150.2 de la Constitución para llevarlo a cabo. La referencia a este artículo, explica, "es precisamente porque hay competencias que son del Estado que pueden ser traspasadas en este caso a la Generalitat de Cataluña", como pasó hace años con tráfico.
Esta no es la primera vez que socialistas y posconvergentes discrepan sobre el alcance del acuerdo alcanzado en materia de inmigración. Ya ocurrió algo parecido en enero, cuando el propio Turull aseguraba que la Generalitat podría decidir quién entra y quién sale en Cataluña, mientras que la vicepresidenta limitaba el alcance de lo pactado y lo vinculaba a un acuerdo más amplio en el Congreso. En cualquier caso, explicaba, "la titularidad de esas competencias sigue siendo estatal".
Tampoco es la primera vez que Junts y PSOE explicitan sus diferencias. Y los posconvergentes han demostrado que son capaces de mantener su órdago hasta el final: ya votaron en contra de la Ley de Amnistía en primera instancia en enero, y también tumbaron el techo de gasto en julio y la propia ley de Extranjería, justo cuando se cumplía un año de las elecciones.
